Reclaman sentencia por el derecho a la verdad por la desaparición de Carlos Tereszecuk en 1976

La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó a la jueza Zunilda Niremperger que se dicte una sentencia por el derecho a la verdad en el caso de Carlos Enrique Tereszecuk, militante misionero secuestrado y asesinado en noviembre de 1976 durante la última dictadura cívico-militar. El requerimiento busca que se reconozca su homicidio como crimen de lesa humanidad y que se establezca judicialmente que el arrojamiento de cuerpos al río Paraná constituyó un método sistemático del terrorismo de Estado.

El fiscal federal adjunto Diego Vigay explicó la trascendencia de este pedido al señalar que “una sentencia por el derecho a la verdad en causas por crímenes de lesa humanidad permite, aun cuando los responsables hayan fallecido, que los familiares y sobrevivientes accedan a una reconstrucción judicial con certeza de cómo ocurrieron los hechos, sus circunstancias y la responsabilidad estatal en el marco del plan sistemático de represión”.

El planteo surge en un contexto en el que los principales responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976 Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero han fallecido, lo que imposibilita nuevas imputaciones. Frente a esa limitación, la sentencia reclamada aparece como un instrumento necesario para reconstruir los hechos y garantizar el derecho a la verdad. Tal como recordó Vigay, en la provincia existen antecedentes significativos: “En el Chaco ya contamos con la sentencia por el homicidio del estudiante Pablo Martinelli, ocurrido en 1976, y la sentencia por la Masacre de Napalpí de 1924 en el marco del genocidio indígena. Cada una de estas resoluciones aporta a la construcción de la memoria colectiva y a la reparación de las víctimas”.

El caso de Carlos Tereszecuk cobra fuerza no solo por la violencia de su final, sino también por la historia que lo antecedió. Nacido en Posadas en 1952, estudió en el Seminario de Fátima de Córdoba, pero pronto abandonó la formación religiosa para dedicarse a la militancia estudiantil y política. En 1974 fue elegido vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones y al año siguiente integró la campaña del Partido Auténtico, donde se desempeñó como secretario legislativo de los diputados provinciales Juan Figueredo y Pablo Fernández Long. En ese rol trabajó codo a codo con gremios, colonos, tareferos y trabajadoras de casas particulares, elaborando proyectos de ley en defensa de sus derechos.

Ese compromiso social lo transformó en un objetivo para la represión. En 1975 sufrió un intento de secuestro dentro de la Cámara de Diputados y debió pasar a la clandestinidad. Al año siguiente fue secuestrado en Corrientes y trasladado a la Jefatura de Policía de Resistencia, donde sobrevivientes lo vieron en condiciones de extrema tortura. Sobre este punto, Vigay subrayó la importancia de rescatar su historia de vida en la causa: “Refleja quién era, el trabajo legislativo que desarrolló y cómo, a pesar de su juventud, ya había tenido un papel destacado en la lucha social. Ese contexto explica los motivos de la persecución política que sufrió”.

De acuerdo con la investigación fiscal, Tereszecuk fue alojado en el primer piso de la Jefatura, entonces utilizada como centro clandestino de detención bajo custodia de fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía del Chaco. Testimonios de sobrevivientes señalan que su estado físico era tan crítico que apenas podía mantenerse en pie. La segunda semana de noviembre de 1976 fue asesinado y su cuerpo arrojado al Paraná. El 15 de ese mes fue hallado en la costa de Empedrado, Corrientes, donde fue sepultado como NN. Recién en 2018 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar sus restos y restituirlos a su familia.

El pedido fiscal no se limita al caso individual. También busca que se reconozca que el arrojamiento de cuerpos al Paraná fue parte de una metodología criminal de la dictadura. Autopsias de la época y testimonios judiciales, como el del forense Otto Eliseo Manzolillo, describieron patrones idénticos en los cuerpos: desnudos, maniatados con alambres, con disparos de ejecución, mutilaciones para evitar la identificación y cortes abdominales para impedir que flotaran. Para Vigay, “que exista una sentencia que reconstruya la sistemática del arrojamiento de cuerpos al Paraná es un aporte central para profundizar la construcción de memoria colectiva sobre el destino final de los desaparecidos en el Nordeste”.

El trabajo científico del EAAF, sumado al aporte de la Universidad Nacional del Nordeste con docentes y estudiantes de criminalística, permitió en los últimos años reconstruir parte de esa trama. Gracias a ello se identificaron y restituyeron los restos de tres víctimas halladas en Empedrado: Rómulo Artieda en 2007, Julio “Bocha” Pereyra en 2014 y Carlos Tereszecuk en 2018. Vigay valoró especialmente ese camino: “El trabajo judicial se apoya en el compromiso y profesionalismo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que fue fundamental en causas como la Masacre de Margarita Belén, los fusilamientos de dirigentes de las Ligas Agrarias y la Masacre indígena de Napalpí”.

En definitiva, lo que está en juego no es solo una reparación para la familia de Tereszecuk, sino una herramienta que reafirme el compromiso social con la memoria, la verdad y el Nunca Más. Así lo resumió Vigay: “La sistemática del horror incluyó secuestros, centros clandestinos, torturas, fusilamientos, fosas comunes y vuelos de la muerte. En el Nordeste, se suma una página negra: los cuerpos arrojados al río. Cada sentencia es un paso más en el Nunca Más”.