Un amplio grupo de referentes políticos, sindicales, de Derechos Humanos y movimientos sociales se movilizaron a la cárcel de Ezeiza para denunciar la grave situación del ex funcionario. El fin de semana Kicillof encabezó un comunicado que denunció la “condena injusta”.
Ocurre mientras más de 500 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad cumplen su condena con arresto domiciliario. “La convocatoria se dio en el marco de un contexto de creciente judicialización de la política y de una clara persecución contra dirigentes del peronismo”, remarcaron algunos de los organizadores en un comunicado posterior a la medida de protesta.
La entrada del Hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza fue el punto de encuentro de un nutrido y variado grupo de referentes y militantes. “No me permitieron ingresarle ni unos saquitos de té porque entré como abogada pero no pude entrar como familiar”, contó ayer Alessandra Minicelli, esposa de Julio De Vido, en diálogo con la AM530. “Estamos peleando por la domiciliaria. Pero aún no pidieron los informes socioambientales sobre nuestra casa”, agregó para relatar la grave precariedad en la que se encuentra el ex ministro.
La actividad de este martes frente al penal contó con senadores y diputados nacionales (Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Marín Pilatti Vergara y Oscar Parrilli, Carlos Castagneto, Eduardo Valdés, Paco Manrique, Lorena Pokoik, Jorge Romero, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Paula Penacca, Julia Strada, entre otros); referentes de DDHH como Horacio Pietragalla, Sergio Maldonado; integrantes de HIJOS, de la APDH, del Encuentro Patriótico y de familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz; intendentes como Pablo Zurro; el presidente de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella; el Padre Paco; los legisladores porteños Federico Mochi, Juan Modarelli y Victoria Montenegro; representantes de CTA de los trabajadores y ATE Capital; Lauro Grande, funcionario del Gobierno bonaerense y referentes políticos como Carlos Kunkel, Hernán Letcher y Matías Gallastegui (El Hormiguero).
“Si no tiene sus medicamentos a disposición es una bomba de tiempo para los tipos”, advirtió Minicelli. A la vez, el fin de semana se difundió un comunicado encabezado por Axel Kicillof que denunció la “condena injusta” del exministro de Planificación Federal. “La privación de su libertad pueda vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud”, remarcó el texto también firmado por el gabinete del gobierno bonaerense y diversos intendentes provinciales.
“Consideramos imprescindible revisar las actuaciones que llevaron a la situación actual de Julio De Vido, garantizar sus derechos y adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para resguardar su salud e integridad”, concluyó el comunicado.
El gobierno intentará apurar las reformas estructurales que solicitan el FMI y los mercados.
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