Diferentes instituciones se manifestaron frente al ministerio de Salud. También pidieron por la regularización de pagos atrasados y obras sociales.
La manifestación; que reunió más de un centenar de personas, entre usuarios, trabajadores y directivos de distintas instituciones prestadoras de servicios y transportistas para personas con discapacidad; comenzó cerca de las 11 en la plazoleta ubicada frente a la cartera de Salud, en el centro porteño.
En el mes de junio el convenio de sanidad marca nuevo sueldos para los empleados y también el Ministerio fija nuevos aranceles para las prestaciones de instituciones que brindan servicios para personas con discapacidad, explicó a Télam Carlos Muñoz, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas Especiales Argentinas (AIEPEsA).
Recién en octubre vimos reflejado ese aumento en el arancel y fue del 18 por ciento mientras que los sueldos de los trabajadores se incrementó más del 24, eso sumado a los aumentos en el costo de vida, los servicios y en caso de los transportistas la nafta y los repuestos nos hace muy difícil seguir adelante con el servicio a las mas de 100 mil personas con discapacidad que se encuentran en el sistema», advirtió Muñoz, uno de los voceros del reclamo.
Asimismo, aseguró que el PAMI y las obras sociales nacionales tienen un atraso en el pago de más de cinco meses y que esto agrava aún más la problemática de estas entidades.
Silvia Zavala, directora del Centro Psicoasistencial Espacios, al que concurren 70 personas calificó la situación como dramática y aseguró que estamos agobiados no damos más no queremos bajar la calidad del servicio a nuestros concurrentes.
No estamos acostumbrados a movilizarnos, sino a trabajar, queremos trabajar, pero que nos paguen valores dignos y en tiempo de esta forma no podemos hacer frente ni siquiera a los sueldos ni honorarios de nuestros profesionales, explicó.
Según la directora de la institución del barrio porteño de Caballito que funciona como centro de día para adultos mayores y como centro educativo para personas con discapacidad de entre 6 y 24 años, muchas de estas entidades alquilan el lugar donde funcionan y no pueden afrontar estos aumentos si no se incrementa el monto de las prestaciones que el estado otorga a las instituciones.
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