Reclamos de usuarios, jubilados y clubes de barrio por tarifas impagables

La ley de emergencia tarifaria aprobada en las dos cámaras del Congreso Nacional que vetó el presidente Mauricio Macri con el Decreto 499 retrotraía las tarifas a noviembre de 2011. Con el argumento de que la oposición actuaba de manera irresponsable sin tener en cuenta el impacto fiscal, el Ejecutivo dio por tierra con la esperanza de aliviar la asfixia que sufren los bolsillos con los aumentos de las tarifas de los servicios.

Este viernes, usuarios, agrupaciones de jubilados y clubes de barrio se concentraron en las oficinas de Metrogas, Edesur y Edenor para presentar un petitorio en reclamo por el corte del servicio por falta de pago de las tarifas.  “Estamos acá reclamando porque la gente está sufriendo, está angustiada, pero necesitamos poder reaccionar para que esto se termine”, cuenta uno de los usuarios frente a las oficinas de Edenor en avenida Guzmán 302.

Al mismo tiempo, en las oficinas de Metrogas en Bartolomé Mitre 737 un grupo de jubilados entregaba un petitorio al gerente de la oficina. Eugenia explica que para ella lo más importante es que se desdolaricen las tarifas. “Nosotros pagamos un gas que producimos, es como que yo me cobre a mi misma la comida que me cocino”, dice Eugenia tratando de encontrar una imagen que cuadre a la situación que le toca vivir, con una jubilación mínima y una factura de gas de 5 mil pesos. “Seguro que detrás de eso hay razones geopolíticas y toda una historieta, pero que no es nuestro asunto. Hay que salir a la calle, sino mirá lo que pasó con Télam que ganó en la justicia sus puestos de trabajo saliendo a las calles. Y también le vamos a hacer un escrache a AySA, que no te pueden cortar el servicio como estas empresas, pero cuando vas acumulando deuda te hacen juicio para embargarte la casa. Es una flor de triquiñuela”, concluye Eugenia.

Entre los puntos que reclaman en el petitorio figuran 1. que restrinja el aumento exorbitante de las facturas de servicios; 2. que no se proceda al corte de servicios domiciliarios y de instituciones vecinales, tampoco al retiro de medidores; 3. que se eleve a conocimiento del concesionante este requerimiento.

La situación que viven los clubes de barrio es crítica. No se cansan de decir que las tarifas les resultan impagables y no pueden afrontar los valores, por eso también piden que se los autorice a pagar en cuotas. Si bien existe una Ley de clubes de barrios y pueblos (27.098) sancionada en  2014, esta no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo. Hoy día los clubes se ven imposibilitados a subir las cuotas a los socios y al mismo tiempo el PEN no reglamenta la ley lo que los deja en un descampado legal y financiero.

En los tres puntos de la ciudad donde se han concentrado, prometen seguir movilizándose hasta que algún funcionario se vea en la obligación de “atender la necesidad del pueblo”.