El último informe del Instituto Argentina Grande expone la fractura expuesta de la macroeconomía de Milei, donde el superávit y la caída del riesgo país conviven con el peor derrumbe de la recaudación fiscal en veinte años y tarifas que exigen trabajar 14 horas más por mes para no caer en la pobreza.

La mayoría toma deuda para llegar a fin de mes.
Sin embargo, el diagnóstico advierte que este monumental flujo de divisas no logra traducirse en acumulación efectiva de reservas debido a una nítida e histórica filtración de recursos hacia el exterior. Las reservas internacionales apenas retuvieron el 41% de lo adquirido por la autoridad monetaria, producto de un drenaje estadístico sin precedentes desde 2003: la remisión de utilidades y dividendos anotó un saldo negativo de USD 1.841 millones en cinco meses, a lo que se sumaron USD 2.667 millones dolarizados por personas humanas durante mayo y el destino de depósitos propios para afrontar los vencimientos de deuda soberana por USD 4.300 millones en bonos Globales y Bonares.
La contrazona de este festival financiero se localiza en el mercado interno, donde el freno de la actividad y el consumo pulverizaron las arcas estatales. El mes de junio cerró con una recaudación de $20 billones, marcando una caída real del 7,3% interanual y convirtiéndose en el peor junio de las últimas dos décadas. El bache fiscal se explica por la quita de retenciones al agro —los derechos de exportación se hundieron un 45,9% real— y por la parálisis de los dos pilares del financiamiento estatal: el IVA interno perdió $3,1 billones en el semestre por el derrumbe del consumo masivo, mientras que los recursos de la seguridad social retrocedieron $1,4 billones ante el deterioro generalizado del empleo formal y el salario.
Para sostener el superávit fiscal a pesar del industricidio, el esquema oficialista apeló a una agresiva transferencia de costos hacia los hogares mediante impuestos y tarifazos. Desde el cambio de gestión, el impuesto nominal a los combustibles trepó un 1346,9% —frente a una inflación acumulada del 312%—, transformando las boletas de servicios en un factor de quiebre familiar: la canasta básica de luz, agua, gas y transporte saltó de $61.219 en noviembre de 2023 a $177.907 en junio de 2026, lo que equivale a un aumento real del 190%. Como consecuencia directa de esta asfixia presupuestaria, la mora familiar en el cumplimiento de créditos escaló al 12,1%, anotando el nivel más alto desde el fin de la convertibilidad y dejando a cerca de 7 millones de personas excluidas del sistema.
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