«Redesignación», la cláusula que todavía separa al gobierno y a los bonistas de la deuda externa

«Pónganse del lado del bonista. ¿Ustedes creen que no va a acordar por una diferencia de tres dólares (de valor presente neto), sabiendo que si esto va a un hard default los bonos caerán a 25? ¿Vas a cambiar 53,5 por 25? Yo creo que no». El razonamiento lo hizo Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, en un webinar que organizó BYMA (el ex Mercado de Valores porteño). Hombre cercano al actual gobierno, Álvarez Agis se manifestó optimista pero consideró que habrá un acuerdo sólo «si se terminan de arreglar algunas cuestiones legales».

La preponderancia que el aspecto jurídico tomó en la negociación por la deuda puso en segundo plano la gran similitud entre la oferta de canje que realizó el gobierno y las pretensiones de los clubes en que se agruparon los principales fondos de inversión que mantienen títulos emitidos bajo legislación extranjera. Hay acuerdo en las fechas de vencimiento de los nuevos bonos que se emitirán (entre 2030 y 2046), en que los títulos originados en las reestructuraciones de 2005 y 2010 serán excluidos de la quita de capital del 3%, en que los intereses serán crecientes y en que habrá un bono extra por los intereses devengados. Las divergencias en el lapso que abarcará ese bono y la tasa a aplicar son las que explican que las partes estén separadas por tres puntos de diferencia en el valor presente neto (la valuación actual de todos los flujos de dinero que generarán los bonos), del 53,5% al 56,5 por ciento.

Pero siempre hay un pero. En su propuesta conjunta del último lunes, los acreedores pidieron garantías sobre el marco legal que se usará para determinar que la propuesta de canje fue aceptada. «Los contratos de 2016 y 2005 y los términos de los nuevos bonos deberán incluir una restricción en la redesignación», dice el anexo III del documento que publicaron en conjunto el grupo Ad Hoc, el Exchange Bondholder y el Comité de Acreedores. Este último se resquebrajó: varios de sus componentes de mayor peso, como los fondos Gramercy, Fintech y Greylock, se manifestaron satisfechos con la oferta gubernamental.

En concreto, la redesignación es la facultad que se arroga el gobierno para modificar ex post (esto es, ya cerrado el plazo para ingresar a la operación) el universo de los papeles a canjear. Esta reducción unilateral permitiría alcanzar las mayorías exigidas por las cláusulas de cada bono para convertir el canje en forzoso y desactivar eventuales demandas por default ante la Justicia de Nueva York. La otra novedad que incluyó el ministro de Economía, Martín Guzmán, es la posibilidad de ofrecer mejoras marginales a grupos grandes que ya hayan aceptado el acuerdo y que esto arrastre a otros acreedores minoritarios, que perderían su derecho a litigar para reclamar las condiciones originales de pago. Este mecanismo es llamado Pacman porque, al igual que el histórico videojuego, permite ir comiéndose de a poco a los que no quieren participar.

Algunos analistas creen que lo que impulsa ese reclamo no es la negociación con Argentina, sino las que pueden sobrevenir en el mediano plazo como consecuencia del shock económico que provocó el Covid. «Estamos en un momento en el que, se presume, habrá muchas otras crisis de deuda de muchos países. Y esas cláusulas están sentando precedentes», opinó Héctor Torres, ex representante argentino ante el Fondo Monetario, en una entrevista con CNN Radio.

Otro campo de ensayo de estas novedades académicas es Ecuador, que por estos días renegocia su deuda de U$S 17 mil millones, un cuarto de lo que pone en juego Argentina. Un grupo de acreedores, entre los que se encuentra BlackRock (el fondo más incisivo en mantener sus prerrogativas legales), logró que el gobierno de Lenín Moreno se comprometa a dejar pasar tres años antes de intentar poner en marcha el Pacman. Pero otros bonistas se oponen a cualquier redesignación, lo que haría caer el canje propuesto.

La pregunta que se hacen en el Palacio de Hacienda es qué garantía tendrán de que a cambio de levantar esas cláusulas, los fondos que concentran más del 35% de los U$S 66 mil millones a refinanciar ingresará al canje. En la respuesta puede estar el éxito de la negociación.

Respaldo

El poderoso Grupo de los Seis, que nuclea a los principales sectores empresarios del país (la UIA, la Sociedad Rural, las cámaras de Comercio y Construcción, la Bolsa de Comercio y ADEBA), respaldó al gobierno en su negociación por la deuda.

En un comunicado, consideró que la propuesta es «una alternativa que mejora la situación objetiva de ambas partes» y pidió a los bonistas que «cooperen con un esfuerzo final para concretar la reestructuración consensuada de forma que constituya un avance para dos prioridades convergentes: el desarrollo integral de Argentina y la garantía de que el país va a honrar sus compromisos».

En tanto, ayer, el Ministerio de economía emitió un comunicado en el que ratificó que la propuesta de reestructuración de deuda del 6 de julio es la «oferta definitiva» de la Argentina y repr+esenta «el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener».