Reducir la desigualdad, el gran desafío

El Gabinete de Gabriel Boric está conformado mayoritariamente por mujeres, lo cual es un avance para reducir la desigualdad de género en una sociedad machista como la chilena. Otro tema complejo será reducir la desigualdad: en la distribución del ingreso y la riqueza, en el acceso a la educación y a la salud, a una jubilación digna.

La Convención Constitucional encargada de redactar una Nueva Constitución surgió de la revuelta o protesta de millones de personas de Arica a Punta Arenas, en octubre de 2019, por la creciente desigualdad y privilegios de una minoría. Lo anterior se sintetizó en la consigna de los estudiantes secundarios, “no son 30 pesos, son 30 años”, muestra de la asignatura pendiente de la democracia.

De acuerdo a datos del Laboratorio de Desigualdad Mundial (WIL) que integra el economista francés Thomas Piketty, en 2021, el 10% más rico de la población de Chile se apropió del 58,9% del producto nacional, controlando a su vez el 80,4% de la riqueza total del país en la forma de bienes y activos (propiedades, tierras, acciones, etcétera). En el caso de Argentina la desigualdad es menor, el 10% de la población de mayores ingresos se apropia del 42,8% del producto nacional y posee el 58,2% de la riqueza. Los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza de Chile son solo comparables a Brasil, donde el 10% más rico se apropia del 58,6% del ingreso nacional y posee el 79,8% de la riqueza. Analizando la otra cara de la moneda, el 50% más pobre de la población de Chile participa con el 10,2% del producto nacional, cifra similar a la de Brasil. Sin embargo, en Argentina el 50% más pobre se queda con el 16,2%. Lo anterior tiene como efecto que Chile retroceda en términos de Desarrollo Humano (DH) en relación con otros países.

La ONU mide el DH en base a tres indicadores: ingreso por habitante, esperanza de vida al nacer y los años de escolaridad de la población; una vez realizada esa medición, se realiza el ajuste por desigualdad en la distribución del ingreso. Es así como en el último informe disponible de DH de 2020, Chile retrocedió once lugares como consecuencia de la mayor desigualdad en la distribución del ingreso, pasando de esta forma, Argentina y Uruguay, a ocupar el primer y segundo lugar en América Latina, y desplazando a Chile al tercer lugar. La mayor cantidad de conflictos sociales en Chile se producen en las regiones donde la desigualdad es mayor (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, IDERE), como es el caso histórico de la Araucanía y el Bío Bío, en permanente estado de emergencia, donde vive la mayor parte de la población mapuche. 

Un medio para corregir lo anterior es mediante una estructura tributaria progresiva que grave la riqueza fuente de la desigualdad, y a los sectores de mayores ingresos, lo que contribuiría a una mayor justicia social y tributaria. Otro eje de desigualdad tiene su origen en la explotación de los recursos naturales y la renta que genera. Una de las razones que explica el crecimiento económico chileno y ausencia de vulnerabilidad externa o insuficiencia de divisas fue la nacionalización del cobre que realizó el expresidente Salvador Allende en 1971, medida que la dictadura no modificó. A partir del retorno de la democracia en 1990, la participación de la gran minería del cobre en manos del Estado pasó del 84% al 25% de la actualidad, es decir, el 75% restante se encuentra en manos de transnacionales, que no pagan royalties o son muy bajos (3% del valor ad valorem de los minerales extraídos). Los recursos del cobre podrían financiar por ejemplo una renta básica universal, tema que en la actualidad se discute a nivel planetario.

En este sentido, un diálogo fluido entre el presidente Boric, los Constituyentes que están redactando la Nueva Constitución y un pueblo movilizado sería la llave para subsanar la desigualdad estructural de la sociedad chilena. «