Miles de referentes artísticos firmaron una carta en defensa de la cultura, la comunicación y la libertad de expresión 

SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO HAY CULTURA

Como trabajadoras/es de la cultura, vemos con preocupación las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional -contenidas en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos- que modifican sustancialmente los campos de la cultura y la comunicación.

Nos referimos concretamente a los artículos 307, 308 y 309 que derogan los fondos que el Estado actualmente asigna al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y directamente disuelven este último organismo. Y al articulo 7 que habilita que el Poder Ejecutivo intervenga y eventualmente privatice a los medios públicos: Télam S.E y Radio y Televisión Argentina S.E; la empresa Contenidos S.E. (que conduce las señales de televisión Encuentro, Paka Paka, Deportv y Cont.ar); Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.; y el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.

En este sentido decimos que sin libertad de expresión no hay cultura y que las medidas propuestas afectan la libertad de expresión de muchas maneras:

La Defensoría del Público es un organismo que depende del Poder Legislativo cuya función es canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que los derechos de las audiencias sean respetados. No tiene capacidad sancionatoria, sino pedagógica y de sensibilización, mediando entre las necesidades y reclamos de las audiencias y las empresas que trabajan en el campo de la comunicación; de esta forma promueve el derecho a una comunicación democrática en todo el territorio nacional. Con su cierre, el acceso a la información y los derechos de las audiencias quedarían desprotegidos. Se trata de un organismo valorado por las Relatorías para la Libertad de Expresión de la OEA  y la ONU (1).

El FOMECA es un fondo que surge de los gravámenes que pagan los servicios de comunicación audiovisual y están dirigidos al desarrollo de los medios locales, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios de todo el país, gestionados por cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones. Se trata de una política federal que genera miles de puestos de trabajo: en 10 años (2013-2023) se financiaron 3.319 proyectos, por un total de $2.911.577.467 a través de concursos abiertos evaluados por jurados independientes y luego aprobados por el directorio de ENACOM, que tiene representación del oficialismo y la oposición. Es recomendado por UNESCO como ejemplo de política para sectores comunitarios (2).

La privatización y/o intervención del sistema de medios públicos implicaría una grave lesión al derecho de acceso a la información de las audiencias a nivel federal y una grave pérdida en la soberanía comunicacional. Este sistema cubre la realidad de los rincones más alejados del país; su privatización podría implicar la desaparición de esta cobertura, generando desiertos informativos. Al mismo tiempo, asestaría un golpe a la industria cultural argentina, al impedir su utilización para la difusión de productos culturales que no tienen espacio en el sistema de medios privado. Los medios públicos también son recomendados por la UNESCO (3).

Por todas estas razones, rechazamos las modificaciones que el Poder Ejecutivo propone realizar en el sistema de regulación de las comunicaciones.