Claudia Piñeiro, Albertina Carri, Carlos Belloso y Marta Dillon, entre muchos otros, respaldaron el texto que advierten sobre el impacto negativo en el sector de la Ley Bases. El rechazo a la privatización de los medios públicos y al desfinanciamiento de los comunitarios.
Claudia Piñeiro, Marcelo Piñeyro, Albertina Carri, Carlos Belloso, Nancy Dupláa, Marta Dillon y Valentina Bassi son algunas de las personalidades de un documento que ya tiene más de mil firmas. El texto rechaza “la privatización y/o intervención del sistema de medios públicos”, la disolución de la Defensoría del Público y la desfinanciación del Fomeca, “una política federal que genera miles de puestos de trabajo”.
“Las medidas propuestas afectan la libertad de expresión de muchas maneras”, señala el documento apoyado por los músicos Diego Frenkel, Pablo Fidel Broide, Magdalena Fleitas, la actriz Charo López, Natalia Incaminato y los periodistas Fernando Borroni, Roberto Caballero y Gustavo Cirelli, entre otros.
Los artistas y trabajadores de la cultura destacaron la gravedad de la eliminación de «los artículos 307, 308 y 309 que derogan los fondos que el Estado actualmente asigna al FOMECA y a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y directamente disuelven este último organismo».Sobre el eventual cierre de la Defensoría del Público, el texto advierte que “el acceso a la información y los derechos de las audiencias quedarían desprotegidos”.
En tanto, subraya que el avance privatista sobre Télam S.E y Radio y Televisión Argentina S.E; la empresa Contenidos S.E. (que conduce las señales de televisión Encuentro, Paka Paka, Deportv y Cont.ar); Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.; y el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A. “podría implicar la desaparición de la cobertura de la realidad de los rincones más alejados del país, generando desiertos informativos”.
El link para sumar adhesiones.
SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO HAY CULTURA
Como trabajadoras/es de la cultura, vemos con preocupación las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional -contenidas en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos- que modifican sustancialmente los campos de la cultura y la comunicación.
Nos referimos concretamente a los artículos 307, 308 y 309 que derogan los fondos que el Estado actualmente asigna al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y directamente disuelven este último organismo. Y al articulo 7 que habilita que el Poder Ejecutivo intervenga y eventualmente privatice a los medios públicos: Télam S.E y Radio y Televisión Argentina S.E; la empresa Contenidos S.E. (que conduce las señales de televisión Encuentro, Paka Paka, Deportv y Cont.ar); Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.; y el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.
En este sentido decimos que sin libertad de expresión no hay cultura y que las medidas propuestas afectan la libertad de expresión de muchas maneras:
La Defensoría del Público es un organismo que depende del Poder Legislativo cuya función es canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que los derechos de las audiencias sean respetados. No tiene capacidad sancionatoria, sino pedagógica y de sensibilización, mediando entre las necesidades y reclamos de las audiencias y las empresas que trabajan en el campo de la comunicación; de esta forma promueve el derecho a una comunicación democrática en todo el territorio nacional. Con su cierre, el acceso a la información y los derechos de las audiencias quedarían desprotegidos. Se trata de un organismo valorado por las Relatorías para la Libertad de Expresión de la OEA y la ONU (1).
El FOMECA es un fondo que surge de los gravámenes que pagan los servicios de comunicación audiovisual y están dirigidos al desarrollo de los medios locales, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios de todo el país, gestionados por cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones. Se trata de una política federal que genera miles de puestos de trabajo: en 10 años (2013-2023) se financiaron 3.319 proyectos, por un total de $2.911.577.467 a través de concursos abiertos evaluados por jurados independientes y luego aprobados por el directorio de ENACOM, que tiene representación del oficialismo y la oposición. Es recomendado por UNESCO como ejemplo de política para sectores comunitarios (2).
La privatización y/o intervención del sistema de medios públicos implicaría una grave lesión al derecho de acceso a la información de las audiencias a nivel federal y una grave pérdida en la soberanía comunicacional. Este sistema cubre la realidad de los rincones más alejados del país; su privatización podría implicar la desaparición de esta cobertura, generando desiertos informativos. Al mismo tiempo, asestaría un golpe a la industria cultural argentina, al impedir su utilización para la difusión de productos culturales que no tienen espacio en el sistema de medios privado. Los medios públicos también son recomendados por la UNESCO (3).
Por todas estas razones, rechazamos las modificaciones que el Poder Ejecutivo propone realizar en el sistema de regulación de las comunicaciones.
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