Los militantes del PO están imputados por las protestas frente al Congreso en diciembre de 2017, en rechazo a la reforma que impulsó el gobierno de Mauricio Macri. El máximo tribunal rechazó un pedido del fiscal Pleé para que vuelvan a la cárcel.
El máximo tribunal, en un fallo firmado por todos sus jueces menos el presidente, Carlos Rosenkrantz, rechazó un recurso presentado por el fiscal general Raúl Pleé contra las excarcelaciones de ambos.
Arakaki, junto con otro militante de su misma fuerza, Daniel Ruiz, están siendo actualmente juzgados por los presuntos delitos de “intimidación pública, atentado a la autoridad y lesiones” por un tribunal oral federal.
Otros dos acusados, Dimas Fernando Ponce y Mariano Stansiola, evitaron el juicio oral tras acordar una probation.
La Cámara Federal porteña había resuelto revocar las excarcelaciones que había concedido el entonces juez federal Sergio Torres. Las defensas de Arakaki y Ponce apelaron ante la Casación y los jueces Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Ana María Figueroa hicieron lugar al planteo y resolvieron dejarlos en libertad a la espera del juicio oral.
El tribunal criticó que al dejarlos presos “se omitió toda referencia a las condiciones personales y de arraigo de los imputados y no se ponderó la conducta durante el proceso. Los encartados se encuentran debidamente documentados y cuentan con sus respectivos grupos familiares. Al haber tomado conocimiento de su detención, ambos se presentaron a estar de derecho”.
El fiscal Plee apeló y pidió que volvieran a la cárcel. Pero la Corte declaró inadmisible el planteo.
Arakaki afronta un juicio que comenzó en noviembre de 2019, se interrumpió por la pandemia y se reanudó en agosto pasado. Ponce ni siquiera debió afrontar el debate oral y, si cumple con los términos de la probation, ni siquiera le quedarán antecedentes penales.
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