Reforma judicial: dudas y algunas certezas de un proyecto que aún se mantiene en secreto

Los anuncios del presidente, Alberto Fernández, sobre cambios en el Poder judicial generaron hasta ahora incertidumbre, dudas y preguntas sin respuestas.  Aun dentro del propio gobierno: hay sectores que deberían estar al tanto de lo que está sucediendo y no tienen ni la menor idea de qué se tratan los proyectos que en los próximos días ingresarán al Congreso.

La alusión central a la reforma en el discurso está contenida en un par de párrafos: “propiciamos la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

¿Cuáles serán esos “fueros penales”?  No hay muchas posibilidades: el Penal Económico (11 jueces de primera instancia, dos salas de la Cámara de Apelaciones y tres tribunales orales) y el fuero penal ordinario (63 juzgados, cinco salas de Cámara, cinco de Casación, 30 tribunales orales). Si se sumaran todos, la primera instancia tendría casi un centenar de jueces repartiéndose causas por corrupción.

Pero del discurso no se desprende eso. Fernández añadió: “los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados”.  Medio centenar.

La primera  y obvia conclusión es que no todos los jueces penales pasarán a tener competencia federal. Algunos podrían ser transferidos al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y si eso es así, se avecina una oleada de renuncias de jueces de instrucción porteños (incluso muchos que estaban dispuestos a sostener la reforma y la modificación del régimen jubilatorio) que se niegan a ser “jueces provinciales”, como sostienen con cierto desdén.

Además, ¿cuál será el criterio para decidir qué juzgados serán federales y cuáles pasarán a la Ciudad?

Cualquiera sea la respuesta, pone en entredicho otro pasaje del discurso presidencial: “Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido”. 

De uno y otro lado, todos esperan el contenido del proyecto que por ahora sólo conocen en detalle tres personas: la ministra de Justicia, Marcela Losardo;  el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y el propio Presidente.

Tampoco está claro qué pasará con los fiscales. Fernández anunció: “Para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del código acusatorio, vamos a reforzar la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito”.

La ley del Ministerio Público tabica el traspaso de fiscales a la Ciudad de Buenos Aires. Y la implementación del código acusatorio focaliza todas las investigaciones en los fiscales. Una de las posibilidades es que cada juzgado federal (en el nuevo esquema) funcione con cuatro o cinco fiscalías.

Allí podría estar el meollo profundo de la reforma: todos los fiscales penales investigarán delitos federales, y los jueces sólo controlarán que se respeten las garantías constitucionales. Así, no sólo se ampliaría la cantidad de jueces federales sino que reduciría sustancialmente su poder.

Si ello se concretara, Comodoro Py 2002 dejaría de ser lo que es hasta hoy. No sólo tendrá su poder licuado, sino que otro anuncio presidencial lo dejará huérfano de las herramientas que utiliza como espadas y que Fernández definió como “cloacas”: los servicios de inteligencia.

“Esta misma semana que iniciamos dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”.

Una medida de esa naturaleza equivale a quitarle los océanos a un pirata.

Hay otros dos aspectos sobre los que el Presidente parece haber reparado. La situación en la provincia de Santa Fe, especialmente en Rosario y sus alrededores, y el fuero en el que tramitan las causas contra las decisiones que toman los gobiernos, el Contencioso Administrativo Federal.

Sobre Santa Fe hubo anuncios concretos. La creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo orientada a la investigación de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico,  el “fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe” y el incremento de “la actuación de jueces y fiscales en la zona de Rosario y Santa Fe”.

En el fuero en lo Contencioso Administrativo, Fernández anunció una virtual unificación con Civil y Comercial federal. Esas dos vertientes del Poder Judicial se la pasan discutiendo sobre a quién le corresponde cada tema. Y esos conflictos de competencia demoran por años las resoluciones de los expedientes.

Finalmente, el Presidente anunció la desclasificación de las declaraciones de agentes de inteligencia en los expedientes relacionados con la voladura de la AMIA y anunció la creación de un “Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina”, cuya misión principal será “optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia; repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura; instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional; modernizar el código penal de la Nación; y fortalecer el rol del Ministerio Público”.

Ese Consejo –según el anuncio- “estará integrado por las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo”.

La conformación de ese Consejo preanuncia más polémicas y conflictos.