Sobre el fin de su mandato, el presidente mexicano va camino a lograr que el Congreso apruebe una enmienda que contempla la elección por voto popular de jueces y ministros de la Corte. Washington cuestionó el proyecto y AMLO criticó su “actitud intervencionista”.
El proyecto, que tiene como punto central la elección por voto popular de todos los jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema, pasó su primera prueba en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y se espera que, con la composición del nuevo Congreso que asume este domingo, se transforme en ley en las próximas semanas.
El inminente final feliz de la reforma despertó la ira en varios sectores de poder. Agencias de riesgo como Fitch y Morgan Stanley amenazaron con bajar la calificación de México para los inversionistas y las principales asociaciones empresariales del país alertaron de una baja en la inversión en caso de aprobarse, mientras trabajadores del Poder Judicial mantienen un paro y estudiantes de Derecho se movilizaron también en rechazo a la enmienda.
En la misma línea, volvió a meter la cola —cuándo no— el gobierno estadounidense, lo que derivó en que AMLO anunciara “una pausa” en la relación con la embajada.
Mauricio Prado Jaimes, maestro en Sociología y periodista mexicano, relata a Tiempo que “la reforma judicial ha sido el tema que dominó la agenda luego de las elecciones del 2 de junio. Para entenderla, hay que ir a los conflictos que tuvo López Obrador con el Poder Judicial, principalmente con la Suprema Corte, que le frenó varias reformas como la de la industria eléctrica que buscaba fortalecer al sector público”.
El analista señala que el presidente “denunció, y con razón, que se trató de una invasión de poderes y que la Suprema Corte empezó a jugar un rol mucho más político”.
La reforma prevé la elección directa de más de 1600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, miembros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.
También contempla reducir de once a nueve los integrantes de la Suprema Corte, cuya presidencia será renovada cada dos años de forma rotatoria, y acortar sus mandatos de 15 a 12 años. Además, se eliminará la pensión vitalicia para sus miembros y se ajustarán sus salarios al tope máximo establecido para el presidente de la Nación.
Dispone también la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina. Un explicativo del gobierno destaca que la reforma “busca erradicar la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los excesos que durante años han obstruido la imparcialidad de la Justicia en México”.
“Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia de México”, disparó Ken Salazar, embajador de EE UU. en el país, y agregó que, en caso de aprobarse, “amenazaría la histórica relación comercial que hemos construido”. Casi en coro, también exteriorizó sus peros el embajador de Canadá, Graeme C. Clark: “Estoy escuchando lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”.
AMLO respondió fiel a su estilo. Con su tono parsimonioso y diplomático pero sin medias tintas, criticó la “política prepotente” y la “actitud intervencionista” de estos gobiernos. Y anunció “una pausa” en la relación con sus embajadas: “Tienen que aprender a respetar la soberanía de México, nosotros no vamos a darles consejos allá ni a decirles qué está bien o qué está mal, queremos que sean respetuosos, mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa”.
También salió al cruce Claudia Sheinbaum, la presidenta electa que asumirá dentro de un mes. «En 43 de los 50 estados de los Estados Unidos se eligen los jueces por voto popular», recordó en sus redes.
La tensión siguió en aumento con el respaldo de la Casa Blanca a los dichos de su diplomático. “Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas”, tuiteó el jefe de la diplomacia para América Latina, Brian Nichols.
También se sumó a la presión la Cámara de Comercio de EE UU, alertando que la reforma judicial “podría representar un riesgo de debilitamiento al estado de derecho y a las garantías de protección para las operaciones comerciales en México”.
El siempre complejo vínculo con el vecino del norte ya había entrado en zona de turbulencias la semana anterior, cuando AMLO le envió una carta a Joe Biden en la que pidió detener la “actitud a todas luces injerencista” de su gobierno por financiar a ONGs opositoras a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Prado Jaimes explica que “el Poder Judicial no goza de buena popularidad y López Obrador sí, con lo cual la idea de elegir a los jueces por voto popular también goza de gran respaldo”. Y nos comparte dos encuestas que muestran una aprobación de la iniciativa de entre el 60% y el 70%.
También parece tener el camino allanado en el flamante Congreso, donde el oficialismo tiene la mayoría calificada en Diputados y sólo precisa tres votos extras en el Senado.
El proyecto es parte de un paquete de 20 reformas constitucionales que presentó AMLO en febrero como legado de su gobierno. Todo indica que en los próximos días se concretará la primera, tal vez como regalo de despedida. «
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Excelente Proyecto los funcionarios de la Justicia elegidos a través de elecciones populares. El poder Judicial debe tener los mismos procedimientos de elección como el Ejecutivo y Legislativo. Si Mexico logra que se haga Ley sería un gran adelanto para las democracias latinoamericanas