Reforma laboral: el Gobierno sigue sin ponerse de acuerdo sobre el artículo de Ganancias

El gobierno corre a contrarreloj. A veinticuatro horas del inicio del debate en el Senado para tratar la Reforma Laboral, el oficialismo hace malabares para contener a todos los aliados y conseguir el número mágico que le permita aprobar el proyecto más ambicioso de la segunda etapa de la gestión de Javier Milei. En medio de entredichos dentro de la propia mesa chica del Ejecutivo respecto a la postura frente al capítulo fiscal de la ley, que incluye la fatídica modificación del régimen de Ganancias, la plana mayor del gobierno no descarta dejar caer el articulado y, eventualmente, volver a tratar la reducción en una próxima Reforma Tributaria.

Desde las 10 de la mañana, la mesa política volvió a reunirse en el despacho que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, ocupa en la planta baja de la Casa Rosada. Con Karina Milei como cabeza del cónclave, los ministros Diego Santilli y Luis Caputo se encontraron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem para darle las últimas pinceladas a una estrategia que, una vez más, mostró una serie de inconsistencias a lo largo de todo el proceso.

A la mala praxis política de la falta de contención de los dueños de los votos en la Cámara Alta, se sumaron la proliferación de versiones internas sobre la aplicación o no del régimen de ganancias. Las diferencias entre abyectos y dialoguistas se hicieron carne en los últimos días cuando ambas facciones del gobierno hablaban de concesiones diametralmente opuestas entre sí. Mientras que en las conversaciones con los aliados el clan Menem, Bullrich y Santilli se mostraban abiertos a negociar los métodos de aplicación para la baja del tributo -se llegó a hablar de condicionar la reducción al crecimiento de la economía y recién aplicarlo en 2027 y 2028 para evitar dañar las cajas federales-, en paralelo Milei, Adorni y los Caputo hacían saber que no se harían más licencias.

La reedición low-cost de la puja entre halcones y palomas que llevó al extinto Juntos por el Cambio a la debacle política volvió con fuerza en un oficialismo loteado que no logra unificar criterios siquiera para entregarle un primer triunfo parlamentario a un Milei cada vez más sumergido en los conflictos internacionales. Tras cartón, la desprolijidad volvió a quedar expuesta este martes cuando el gobierno retiró el proyecto de la Ley Penal Juvenil que había presentado tan sólo unas horas atrás. 

El mismo advertía la intención de bajar la edad de imputabilidad a 13 años, uno menos del que se acordó por dictamen el año pasado y contaba con el apoyo de todos los aliados, incluido el PRO. Después de varios llamados de dialoguistas ofuscados, ahora en el oficialismo hacen saber que no modificarán la edad y la misma permanecerá en 14, tal como se había acordado tiempo atrás. Desinteligencias innecesarias en plena etapa de evaluación social.

Los desaciertos se acumulan. En los meses que llevan las conversaciones con los aliados, la actitud del oficialismo pasó por todos los estadíos. Al comienzo, desde Balcarce 50 dejaban trascender su buena voluntad para cerrar filas en pos de conseguir un texto final que contente a todas las partes, inclusive la CGT que, pese a mostrarse reticente en ciertas cuestiones, hizo saber que acompañaría otras tantas. La armonía se quebró cuando desde el Ejecutivo sintieron que la central trabajadora jugó a traición con ciertos movimientos, como las reuniones paralelas con gobernadores, la amenaza de presentar otro proyecto paralelo y la crítica excesiva al decreto que modifica la carta orgánica de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

En las provincias, por su parte, todo parecía marchar acorde al plan hasta que la arrogancia y la intransigencia oficialista metieron la cola. Mientras el oficialismo todavía no tenía en claro si el mismo bloque de aliados que votó el Presupuesto 2026 apoyaría la reforma, la voluntad de diálogo y escucha del Ejecutivo fue llamativa incluso para los propios caciques federales. Santilli, quien se puso al hombro el vínculo con los mandatarios, se reunió semanalmente con cada uno de ellos para escuchar sus reclamos y acercar posiciones que permitan aprobar la medida. Nada prosperó.

Para los gobernadores, el cambio del régimen de Ganancias tiene un impacto voraz. Según el articulado presentado por el gobierno, la modificación en la alícuota pasaría del 30 al 27% y del 35 al 31,5 por ciento. De aprobarse tal y como está reglamentado, los mandatarios dejarán de percibir alrededor de $144.000 millones en concepto del ingreso por coparticipación que se desprende del tributo, instancia que ninguna provincia está en condiciones de afrontar.

Mientras que en un sector del gobierno todavía se muestran esperanzados, en otro la línea es inamovible. “Que voten lo que quieran votar”, dicen sin rodeos en el lado intransigente. Abrazados al pedido del presidente de bajar impuestos a como dé lugar, desde este mismo lado de la grieta advierten que el oficialismo no será el encargado de dar marcha atrás con esta postura. “Veremos mañana”, dicen sin mayores explicaciones.