Las negociaciones reabren la interna y ponen en juego la identidad de la gestión. Los duros no ceden en la modificación de Ganancias y condicionan los acuerdos con los gobernadores.

El fin de la tregua firmada durante el período electoral trajo consigo la reapertura de la disputa interna sobre las formas de ejercicio del poder. De la dinámica tripartita que el presidente compartía junto a su hermana Karina Milei y su asesor Santiago Caputo, se desprendieron dos nuevas tangentes que, aunque necesarias, amenazan con quebrar definitivamente la convivencia oficialista. Con décadas de juego político en su haber, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se mueven por el tablero con habilidad. Ambos saben que la aprobación de la modificación laboral les concederá la habilitación tácita de iniciar sus carreras electorales. Por eso, harán lo necesario para conseguirla, incluso iniciar una nueva guerra entre dialoguistas e intransigentes.
La mesa de operaciones del Ejecutivo volvió a ser el epicentro de las inconsistencias de los planes oficialistas. Durante dos horas, la hermana presidencial, el jefe de gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la titular del bloque oficialista en el Senado y el asesor presidencial, Santiago Caputo; intentaron acercar posiciones frente a las negociaciones con los aliados parlamentarios. Pese a las más de dos horas de encuentro, el cónclave no logró unificar el criterio que a esta altura del minué el gobierno debería tener aceitado: cómo sentarse a dialogar con la oposición.
Las internas arrastradas desde hace meses llevaron a Milei a tomar decisiones antes de terminar su segundo año de gobierno. En el renovado esquema de trabajo, el gurú del presidente quedó relegado a la estrategia, al tiempo que los arreglos parlamentarios fueron concedidos por igual a Menem y Bullrich. Santilli, por su parte, quedó bajo el control de los pactos con los gobernadores. Hay algo que hermana al tridente. Todos siguen manteniendo el viejo hábito del diálogo y la negociación soft, una postura que el lado duro de la Casa Rosada no está dispuesto a aceptar.
“Los gobernadores ya nos tomaron el tiempo. Les estamos dando una cantidad de cosas y hasta último momento no sabemos si nos van a votar las leyes o no”, dijo, notablemente irritado, un funcionario perteneciente al lado empedernido del Ejecutivo que nuclea a los Caputo, Adorni y Karina Milei.
Para el sector intransigente, los gobernadores aprendieron a leer los movimientos de los negociadores. La desesperación que el oficialismo no logró ocultar por su escaso índice de masa parlamentaria habilitó a los caciques provinciales a empujar al Ejecutivo a jugar el juego que más cómodo les queda: látigo y billetera. Desde desembolsos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pasando por la habilitación de colocación de deuda, hasta el arreglo de las cajas previsionales de las provincias fueron monedas de cambio que el Ministerio del Interior, amparado por el de Economía, utilizaron para intentar destrabar la discusión por la baja de Ganancias, la principal traba de las provincias para apoyar el capítulo fiscal del proyecto.
Como contó este diario en su edición del miércoles, y pese al resto de las concesiones, desde un sector del gobierno dejaron trascender que no están dispuestos a negociar el capítulo fiscal de la reforma, cuyo articulado incluye una modificación en la alícuota de ganancias que pasaría del 30 al 27% y del 35 al 31,5 por ciento. De aprobarse tal y como está reglamentado, los mandatarios provinciales dejarán de percibir alrededor de $144.000 millones en concepto del ingreso por coparticipación que se desprende del tributo, circunstancia que los gobernadores no están dispuestos a aceptar y se lo hicieron saber al ala dialoguista que intenta, por ahora en vano, convencer a los detractores oficialistas.
“No va a haber ninguna modificación sustancial en el proyecto”, repiten una y otra vez del lado de los duros. Para los conocedores de la dinámica del gobierno, la intransigencia de este sector no es sólo un mensaje para los opositores aliados, también es una advertencia interna para quienes deseen aprovechar circunstancias en beneficios -¿electorales?- propios. “El presidente prometió bajar impuestos y eso es lo que va a pasar”, concluyeron sin dejar lugar a la contraofensiva.
Al conflicto por las negociaciones, además, se suma un factor que el oficialismo no puede controlar: el tiempo. Los feriados de Carnaval previstos para el 16 y 17 de este mes comprometen los artilugios del Ejecutivo para llevarse el primer triunfo parlamentario antes del inicio de las sesiones ordinarias en un año en el que se prevé escasa actividad dentro del palacio. Incluso si todo marchase acorde al plan y el gobierno lograse obtener dictamen de ley el viernes 13 de febrero, los tiempos que necesita la Secretaría Legal y Técnica del Congreso para redactar el texto que deberá tratar Diputados van de 24 a 48 horas, empujando así a que el dictamen se complete recién el 18. Por reglamento, el Poder Legislativo tiene prohibido dictaminar diez días antes de que terminen las extraordinarias, que en este caso se firmaron para el 27.
Con esta circunstancia, la única opción viable que tiene el oficialismo es extender por un día las sesiones y encomendarse a que ningún diputado se arrepienta a último momento. La fecha que se evalúa es el 28, sábado. Hasta los más optimistas desconfían de lograr sentar a todos en sus bancas. Puertas adentro del gobierno reconocen, con vergüenza, el error. Gajes de querer controlar todo y nada a la vez. «
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