Registran un repunte de los precios de alimentos y bebidas en agosto

El aumento sigiloso de los precios de los alimentos, las leves variaciones cambiarias, el descongelamiento de algunos servicios, las presiones del poder económico y la reactivación de varios sectores de la economía impulsan una suba de los precios que queda a contramano de la caída general de los ingresos y de paritarias débiles o inexistentes.

El último informe del Indec sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) colocó a la inflación general en el 1,9% en julio. El rubro Alimentos y bebidas subió un 1,3%, en un nivel relativamente bajo, sobre todo si se tiene en cuenta que la segunda quincena estuvo impactada por las subas de Precios Cuidados (del 5% promedio) y Precios Máximos (entre 2 y 4,5%).

El relevamiento que realiza de manera habitual en el Conurbano bonaerense el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) advirtió una suba más importante en los precios de la Canasta Básica de Alimentos: 2,9 por ciento. El titular de Isepci, Isaac Rudnik, apuntó: «Ya detectamos un repunte en julio. Probablemente, sea un adelanto de lo que se va a reflejar en agosto. Lo que registramos fue el aumento que se dio en los últimos días de julio y hay que ver qué continuidad tiene eso en agosto».

En ese sentido, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza periódicamente el Banco Central entre consultoras, entidades financieras y analistas, pronostica una inflación 39,5% para 2020. Según el Indec, en los primeros siete meses, la inflación general fue del 15,8 por ciento. Por tanto, la expectativa de los consultores -muchos de ellos muy vinculados al poder económico– es de fuertes subas de precios de cara a lo que resta del año. El REM pronostica una inflación del 3% en agosto, del 3,5% en septiembre y del 3,8% en octubre.

En concordancia con ese pronóstico, se esperan en el corto plazo actualizaciones de entre el 7 y el 10% en combustibles, que tendrá un efecto inevitable en los costos de muchos productos por la vía de los aumentos en los transportes. Además, habrá un 10% de suba en servicios de telefonía móvil e internet a partir de septiembre próximo.

Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), advirtió que una suba en los combustibles tiene otros elementos que entran en juego y no sólo la estabilización del IPC: «La decisión del gobierno al respecto dependerá del análisis de la estructura de costos y del objetivo de recomponer la situación económico-financiera de YPF». En tanto, «las tarifas de servicios públicos mantendrán el congelamiento hasta finales de año», lo mismo que el transporte público.

Otro factor importante en la composición de precios es el dólar. El peso se desvalorizó un 10,2% en los últimos tres meses y un 2,9%, en los últimos 30 días.

«En virtud de los controles cambiarios existentes, no se estima que pueda haber un impacto sensible en su variación», analizó Letcher y agregó: «El tipo de cambio real multilateral está casi en $ 119; es decir, un 19% más devaluado que después de la devaluación de (Alfonso) Prat Gay. O sea, no hay un problema de apreciación cambiaria. La brecha no está expresando expectativa, sino que hay un segmento al que le interesaría que haya una devaluación. No tiene sentido en términos económicos una devaluación que lo lleve a valores más altos».

Para Rudnik, a estos factores se suma «una lenta reactivación de algunos sectores de la economía, que viene de la mano de la flexibilización de la cuarentena; por tanto, hay un incremento leve y débil de todo lo que cayeron las ventas y eso genera la posibilidad de subir los precios, lo cual se va a empezar a reflejar, hay que ver en qué medida, en agosto».

Ingresos a la baja

Entre 2016 y 2019, el poder adquisitivo cayó un 20%. En 2020, la caída oscila entre el 4 y el 6 por ciento. Las paritarias comienzan a abrirse con timidez. Una veintena de sindicatos han logrado firmar acuerdos en torno al 20 y 30 por ciento de suba salarial, sobre un total de más de 600 convenios colectivos. Otros han cerrado acuerdos menores incluso al 10 por ciento. En el medio, se sucedió el cierre temporal y permanente de miles de pymes y comercios barriales. Además, desde marzo no se actualizaban las asignaciones familiares, el salario mínimo y las jubilaciones.

«Los sectores más complicados, que son los ligados a la economía informal, tienen menos margen. Son los que de alguna manera están compensando los aumentos con la vigencia de la Tarjeta AlimentAR, que es la única herramienta que se sostuvo con regularidad», opinó Rudnik. «Todos estos aumentos llevan a la situación de deterioro del poder adquisitivo. Es lo que plantean los movimientos sociales: el aumento de la demanda en los comedores y el surgimiento espontáneo en los barrios de las ollas populares».

En este contexto, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) aparece como insuficiente. Desde mediados de marzo -que comenzó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)-, a mediados de septiembre -cuando se terminará de cobrar el tercer IFE-, hay seis meses de diferencia. Esto significa un IFE cada dos meses. «La ayuda concreta es de $ 5 mil por mes. Aun así, es interesante porque se está hablando de sostenerlo en el tiempo y es una posibilidad de que se convierta en el primer paso hacia una renta universal o permanente, dirigida hacia determinados sectores», planteó Rudnik.

Con todo, la alarma se enciende en el crecimiento de la pobreza. «El empobrecimiento no es igual ni tan general. Es bastante concentrado en una franja amplia de la sociedad. Pero aun así, a fin de año, el 50% de la población va a estar por debajo de la línea de pobreza. También hay sectores que no perdieron y hasta que ganaron», finalizó Rudnik.

«Es imposible saber a qué punto llegará la pobreza porque el impacto del IFE es muy fuerte. Va a haber ingresos en sectores que antes no tenían ingresos. Se habla del 40%, pero me parece mucho», concluyó Letcher.