Trabajadoras y trabajadores de la línea nacional que depende del Ministerio de Justicia reclaman la urgente reincorporación de siete trabajadores afectados por el decreto 84/23. Denuncian que los 56 que siguen en funciones tienen solo contrato por 90 días, sujeto a revisión mientras la demanda por violencias de género los sobrepasa. Turnos rotativos, guardias de 12 horas y ningún reconocimiento de régimen especial.
No se trata solo de la muy necesaria atención, asesoramiento y acompañamiento telefónico. Además, los equipos de la Línea trabajan de manera presencial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), asistiendo a las víctimas en sus hogares, hospitales, comisarías o llevándolas a los refugios, casi siempre con los agresores al acecho. Pero el 29 de diciembre pasado, siete de ellos, “que en Navidad estaban acompañando a una joven que fue víctima de abuso sexual y luego a una mujer embarazada que fue golpeada por su pareja, fueron despedidas por correo electrónico”, denunciaron en un comunicado.
El despido fue consecuencia directa de la entrada en vigencia del decreto 84/23, se trataba de trabajadores que habían ingresado para cubrir vacantes durante el año 2023. Las 56 personas que quedan en el servicio, que en su mayoría pertenecen a la planta transitoria del estado, tienen su contrato sujeto a revisión por 90 días.
“Los despedidos ingresaron por contratos de baja anteriores, es decir, eran lugares que habían quedado vacantes por las circunstancias de bajo sueldo, los necesitamos para cubrir las guardias” dice a Tiempo Andrea Saldaña, trabajadora social de la Línea 137 desde el año 2012. Y agrega: “hay que decir que nadie los llamó para comunicarles, solo les llegó un email, no se evaluó su función ni las tareas que realizaban”. Según trascendió, los despidos fueron informados por medio del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) por la tarde del último día laboral del año.
El programa funciona con diferentes niveles y responde, según publicó el Mapa de la Policía, al menos 30 llamados por día. El call center brinda atención gratuita a víctimas o testigos de violencia familiar y sexual, se atiende también una cuenta de Whatsapp (cuyo número es 113133-1000) que se habilitó durante la pandemia y que “utilizan sobretodo los más jóvenes”, dice Saldaña. Existe también la opción de asesoramiento jurídico sobre el tema. Además, en el caso del AMBA, hay Equipos Móviles interdisciplinarios que acuden al lugar donde se encuentre la víctima al momento de realizar la denuncia y que hace una evaluación de riesgo, contención y articulación institucional.
Tres de las personas despedidas eran profesionales que pertenecían al Equipo móvil y que asesoraban tanto en la línea telefónica como en Whatsapp. Las demás asesoraban como parte de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). “Los que quedamos firmamos un contrato solo hasta marzo, donde se evaluará supuestamente si seguimos o no, es importante decirle a la gente que nuestra función es primordial en el marco donde hay víctimas de femicidios y transfemicidios, es una línea que atiende las 24 horas los 365 días del año”, asegura.
Cabe mencionar que el trabajo de la Línea 137 forma parte del camino judicial de las denuncias por violencias. Después de cada intervención de los equipos se confeccionan informes que se elevan a fiscalías, juzgados u otros organismos intervinientes. “De esta forma, los operadores judiciales cuentan así con un registro inicial, presencial, en el momento de la emergencia que aporta el relato en el marco del evento traumático”, expresa el comunicado difundido. “Nosotros estamos ahí para contener y asesorar en la emergencia y acompañar todo el proceso de denuncia, por ejemplo, cuando se aplica el protocolo en los hospitales después de una violación”, cuenta Saldaña.
Hasta el momento, las nuevas autoridades no se han presentado ante el equipo de la Línea para escuchar los reclamos. “La reincorporación es primordial para darle continuidad a nuestra tarea de atención, que sea como corresponde a las víctimas, una atención de calidad donde haya quién pueda atender el teléfono y exista un equipo disponible para desplazarse en caso de que sea necesario”, asevera.
“Ya veníamos con una baja de compañeros, muchos se han ido de la Línea sobretodo desde el gobierno de (Mauricio) Macri, el sueldo quedó muy bajo y nos agregaron funciones, ya hubo un ajuste, un vaciamiento del programa y ahora que pedíamos que se sumen más compañeros porque no damos abasto con la tarea pasa esto”, recuerda Saldaña. Los trabajadores del programa advierten que los despidos representan menor calidad de atención a las personas que se contacten con la Línea, ya sobrecargada e implican un vaciamiento de las políticas públicas.
“Las personas no pueden estar esperando horas a ser atendidas luego de pasar un hecho tan traumático, deben ser asistidas en la emergencia por profesionales idóneos en una temática que es tan compleja. Nosotrxs estamos ahí, pero cada vez somos menos”, reza el comunicado.
Según trascendió, el decreto 84/23 no solo implicó el despido de siete profesionales de la línea 137, también de una trabajadora de la línea de Acceso a la Justicia y de otros cuatro de los CAJ de las provincias. “Este recorte deja en suspenso las políticas públicas que brindan acompañamiento y contención a víctimas de la violencia familiar y sexual”, afirma el comunicado.
El programa de la Línea 137 se creó en el año 2006. “La Línea se fundó cuando estaba de presidente Néstor Kirchner, él convocó a Eva Giberti para este programa, para dar una respuesta ante tantas situaciones de violencia que empezaban a visibilizase, a partir de ahí fue creciendo y hoy, por ejemplo, todas las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires convocan a la línea cuando reciben una situación de violencia”, asevera Saldaña.
Las condiciones laborales no son las mejores: los equipos móviles tienen guardias de 12 horas de lunes a lunes, incluyendo feriados y fines de semana, incluso pudiendo ser nocturnas. Los turnos de acompañamiento telefónico son rotativos, de 6 horas, que pueden caer de día o de noche.
“No cobramos adicional o un plus por esta actividad, en la pandemia no paramos de atender y fuimos declarados esenciales, salimos a trabajar y cuando todo el mundo estaba aislado, nosotros estábamos en los hospitales y en las comisarías ayudando a víctimas”, cuenta Saldaña. Dice que la mayoría de los trabajadores son de la planta transitoria del estado, cobran como profesionales de categoría B. Es decir, lo mismo que percibe otro trabajador estatal por trabajar de lunes a viernes en horario comercial.
Ante condiciones tan adversas ¿por qué formar trabajar en este programa? Saldaña afirma: “Es un trabajo súper valioso por la función que tenemos, después de cada intervención una sabe que valió la pena haber estado en ese lugar y ese momento, haber acompañado”. Y concluye: “soy una mujer feminista y creo en que hay que acompañar a otras mujeres cuando son víctimas y sufren los estragos del patriarcado, del machismo y además tengo un grupo de compañeros y compañeras profesionales que hacen que esta tarea sea posible y que te enseñan, de ellos aprendo todos los días”.
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Por experiencia que fui a solicitar ayuda, como estaba trabajando, por poco y no me dieron una patada para sacarme. SI todos los q ahí esta/ban son/eran así, mejor que NO cobren un centavo porque además nos maltratan.