
El presidente Fernández recibió al país en una emergencia social, financiera y económica que fue consecuencia directa de un modelo macroeconómico macrista que se sostuvo en tres pilares: el debilitamiento del Estado, el ajuste sobre el bienestar de argentinos y argentinas y un ciclo de endeudamiento que rifó el acceso al crédito en poco más de dos años y terminó en el acuerdo, ahora suspendido, de un préstamo stand by con el Fondo Monetario Internacional. En lugar de lluvia de inversiones, lo que dejaron fue un default virtual y una población empobrecida.
A esa situación se le sumó la irrupción de la pandemia de Covid-19, por lo que la emergencia se volvió, también, sanitaria. Pero a pesar de todas estas dificultades, Alberto Fernández y Martín Guzmán remarcaron que no era una opción viable profundizar en las diferencias entre los distintos sectores de la sociedad y avanzaron en la formación de los consensos necesarios para reconstruir la economía argentina.
Un primer paso fue la aprobación de la Ley de Solidad Social y Reactivación Productiva, en diciembre de 2019. En ella se declaró la emergencia social y la aplicación de medidas para comenzar a paliar la crisis heredada. El paso siguiente, en febrero de este año, se dio con la aprobación de la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo Ley Extranjera, que inició el proceso de renegociación de la deuda externa con acreedores privados con el apoyo prácticamente total de los representantes del pueblo argentino.
Un hecho que merece ser remarcado es que, tras la aprobación de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda bajo Ley Extranjera, el ministro Guzmán asistió al Congreso para exponer públicamente en el recinto de los diputados, en un hecho sin precedentes, los lineamientos subyacentes a la propuesta de reestructuración argentina. Entonces comenzó la búsqueda de apoyo tanto nacional como internacional para nuestra propuesta sostenible.
Los puentes que se tendieron incluyeron muestras de respaldo por parte de los gobernadores y las gobernadoras, intendentes e intendentas de todo el país, la UIA, empresarios no agrupados, la CGT, la Asociación de Bancos Argentinos, la Cámara de Comercio, casi 160 economistas célebres encabezados por los premios Nobel Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, los gobiernos de Italia, Francia y Alemania, el Papa Francisco y hasta del Fondo Monetario.
De esta manera, como nación soberana, unida y respaldada por parte importante de la comunidad internacional, el gobierno llevó a cabo una reestructuración de la deuda que, si consideramos el trato equitativo para el canje local, producto de una ley que también fue aprobada de forma casi unánime, implica un alivio financiero de 42.500 millones de dólares, lo que nos permitirá volver a crecer gracias a que para el período 2020-2024 la República Argentina enfrentará vencimientos de los títulos externos por aproximadamente U$S 4500 millones en lugar de los U$S 30.200 millones originales.
Todo esto marca un importante contraste con el proceso de endeudamiento llevado a cabo por la gestión pasada, que careció de todo tipo de tratamiento legislativo, mientras que el camino de desendeudamiento de la República Argentina no se apartó en ningún momento de la voluntad de los y las representantes del pueblo. Lo cual es lógico: para gobernar contra los intereses de los ciudadanos la única vía posible es la del ocultamiento. Algo que, como quedó claro en el transcurso de las negociaciones con acreedores privados, dejó de ser una opción.
Para nosotros, gobernar es persuadir, y la política el arte de las construcciones colectivas. Supera un discurso republicano; es la conciencia de una pertenencia a las mayorías populares. Por eso sostuvo el ministro Guzmán en el Museo del Bicentenario que las negociaciones con el Fondo Monetario serán ratificadas por primera vez en la historia por el Congreso de la Nación y serán hechas, por lo tanto, de frente a los argentinos y las argentinas. «
* Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía de la Nación
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