Reparación del golpe del 2019 en Bolivia: le llegó la hora a Camacho

El Poder Judicial boliviano dio esta semana otro paso importante en el camino de reparación por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019 con la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, principal líder opositor y uno de los cabecillas de la conspiración cívico-militar-empresarial que tumbó a la democracia boliviana con la bendición de Luis Almagro, titular de la OEA.

Camacho fue detenido el miércoles por orden de la Fiscalía en el marco de la causa denominada «Golpe de Estado I». En la madrugada del viernes, y tras una audiencia virtual que duró más de siete horas y en la que se negó a declarar, se le dictó la prisión preventiva por cuatro meses. Luego fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. En   la audiencia, a través de una plataforma de Internet, Camacho declaró «nunca me voy a rendir», y a la vez, llamó a los bolivianos a evitar que «el masismo (el gobernante Movimiento Al Socialismo) imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba».

Camacho tiene cinco procesos judiciales abiertos en su contra. Se lo acusa por los delitos de terrorismo y conspiración, al promover la rebelión de las FFAA que presionaron para la renuncia de Evo Morales. También está acusado de atentar contra el presidente y altos dignatarios del Estado, violencia política contra las mujeres, discriminación y racismo, ultraje a los símbolos y uso indebido de influencias.

Los fiscales argumentaron que Camacho y otros, se “arrogaron facultades que no les corresponden usurpando funciones públicas, sin ser ni siquiera este sujeto y sus coautores y cómplices servidores públicos, y menos demostrar ser autoridad con competencia para mandar a efectivos de las dos instituciones fundamentales de la patria”. El delito de terrorismo en Bolivia se castiga con penas de entre 15 y 20 años de cárcel.

Por ese proceso judicial, en marzo de 2021 se detuvo a Jeanine Áñez y a dos de sus exministros, aunque en el caso de la expresidenta de facto se le siguió otro caso, «Golpe de Estado II», en el que se la condenó a diez años por situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial.

Violencia en Santa Cruz

La detención de Camacho desató la ira de sus seguidores, que incendiaron seis edificios públicos, incluida la Fiscalía departamental, y la casa del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Las protestas son protagonizadas por el Comité pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), una especie de grupo paramilitar con varios antecedentes violentos.

Durante la jornada de ayer se realizó un paro de actividades en Santa Cruz. «Estamos acá para inaugurar formalmente este paro cívico departamental de 24 horas. Un paro que es en protesta por la arbitrariedad y el secuestro cometido en contra del gobernador», afirmó el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach. La convocatoria se cumplió relativamente, con corte de vías y escaso transporte público. La tensión puede seguir escalando aunque se descarta que puedan concretar su promesa de extender las protestas a nivel nacional, algo que lograron en 2019.

La correlación de fuerzas en Bolivia se juega fuerte en  las organizaciones sociales, campesinas e indígenas también anunciaron marchas en varias regiones y una vigilia permanente en La Paz hasta que sentencien a Camacho. “No vamos a descansar hasta encontrar justicia”, afirmó la referente de los familiares de Senkata, Gloria Quisbert.  «