En medio de un fuerte operativo policial, la Legislatura debate la iniciativa del gobierno de Rodríguez Larreta que impulsa la regulación de la actividad. Denuncian que se hizo a espaldas de los trabajadores y que quita responsabilidad a las empresas, que sólo serán "intermediarias".
La protesta, que se desarrolla en medio de un fuerte operativo policial, es encabezada por integrantes de la Agrupación Trabajadores de Reparto (ATR) y de la Asociación de Personal de Plataformas (APP) en rechazo del proyecto, que incorpora exigencias como contar con residencia en la Ciudad, inscripción en la AFIP y una habilitación.
La iniciativa habilita a las empresas como intermediarias, quitándoles responsabilidad sobre la relación con los trabajadores.
«El proyecto de modificación de la ley vial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta es un ataque a los trabajadores de reparto y genera un marco legal para que las empresas puedan seguir precarizándonos», dijo a Télam Micaela Sosa, una de las voceras de la agrupación.
Asimismo, Sosa señaló que, «a 100 días de cuarentena, ya alcanzamos siete compañeros fallecidos (por coronavirus) trabajando» a partir «lo extensas que son las jornadas laborales, que superan las 12 horas, para tener un ingreso similar a una canasta básica familiar».
«Con este proyecto, la situación se va a profundizar porque se traslada mayores gastos y más responsabilidades a los trabajadores, lo que se traduce en un ataque a los ingresos y jornadas aún más largas, que van a resultar en mayores muertes de compañeros», evaluó.
Por último, Sosa expresó: «Hacemos responsables a los gobiernos y a las empresas (de aplicaciones) por las vidas de todos los trabajadores de reparto y, principalmente, por los siete compañeros fallecidos».
El proyecto, presentado por Cristina García de Aurteneche (Vamos Juntos), ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Tránsito y Transporte y de Justicia y de Asuntos Constitucionales con el aval de de diputados de UCR-Evolución.
La iniciativa incorpora la figura de «operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias», que es diferente a la de «prestadores del servicio», es decir los locales de mensajería.
De esa manera, las empresas no tendrían responsabilidades más allá de la intermediación, advierten desde las organizaciones de trabajadores.
Tanto las plataformas digitales como los prestadores y los propios repartidores deberán estar inscriptos en la AFIP y la AGIP porteña, tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, dar constancia de la contratación de los seguros que corresponden para la actividad y estar habilitados para realizar su trabajo.
En lo que hace a los repartidores y mensajeros, según la nueva norma, estarán obligados a no tener infracciones de tránsito y a aprobar cursos de capacitación que incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que prestan.
Al respecto, la APP sostuvo que la nueva norma crea «la figura del repartidor habilitado» y «dispone más de 15 sanciones en los códigos de transporte, de faltas y contravencional especialmente pensadas para perseguir a los repartidores que no cuenten con la habilitación».
Por otro lado, dispone, aunque no obliga, que sean los operadores de plataforma digital «los que faciliten los medios para que mensajeros y repartidores obtengan los cascos homologados y la indumentaria adecuada».
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