Reprimieron a los trabajadores de Cresta Roja

Trabajadores de la avícola Cresta Roja que realizaban una marcha ante el juzgado donde se tramita la quiebra de la empresa fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad, que los dispersó con golpes y gases. La denuncia la realizaron los propios manifestantes, que dijeron haber sido agredidos cuando pedían que los nuevos dueños de la compañía retrocedan en su intención de despedir 500 personas que trabajan en la planta de Monte Grande.

La movilización arrancó este martes por la mañana ante la sede del Ministerio de Trabajo, en la avenida Callao al 100, donde unos 600 empleados de la empresa pidieron a los funcionarios que no avalen los despidos que pretende concretar el grupo Granja Tres Arroyos, posible comprador de la firma que viene a los tumbos desde fines de 2015, cuando fue virtualmente abandonada por el grupo Rasic. Ante la negativa de las autoridades a recibirlos, decidieron movilizarse al juzgado 52 ubicado en la intersección de las calles Marcelo T. de Alvear y avenida Callao, que entiende en la quiebra. Al llegar, fueron recibidos por un fuerte operativo con oficiales de Infantería que los reprimió con golpes y gases. Algunas imágenes fueron subidas a las redes sociales.

El conflicto laboral, que tuvo su origen hace más de dos años, volvió a los primeros planos en las últimas semanas, cuando el consorcio Proteinsa (que se hizo cargo de Cresta Roja cuando el grupo Rasic dejó de pagar los sueldos al personal por las deudas acumuladas en su gestión) entró en negociaciones con Granja Tres Arroyos para transferirle los activos a cambio de U$S 80 millones. La operación, según denuncian los delegados gremiales, incluye una reducción de más del 20% de su plantilla de 2.300 empleados y una rebaja salarial. Los casi 500 operarios que se desvincularían ahora podrían ser reabsorbidos en grupos, con un cronograma que se extendería hasta fines de 2019 y con sueldos inferiores a $ 10 mil para aprovechar las rebajas en las cargas sociales que el Estado promovió en la reciente reforma impositiva. Sin embargo, no hay garantías de la concreción de esos reingresos.

“En el Ministerio lo primero que nos dicen es que si de 2300 personas hay 1800 que tienen laburo, para ellos es satisfactorio. ¿Y con los otros 500 qué hacemos? Nosotros como delegados tenemos que dar la cara y decirle a la gente que hay 500 que se van a quedar sin laburo. No lo queremos así porque atrás de cada trabajador también hay una familia”, reclamó el delegado Matías Bafini.