Repudio de un amplio abanico opositor al protocolo antiprotesta de Bullrich

En un día convulsionado, diputados nacionales criticaron el protocolo anti protesta que implementó el gobierno de Javier Milei contra los movimientos sociales que se movilizan este miércoles en conmemoración de lo ocurrido el 19 y 20 de diciembre de 2001. Además, rechazaron el un mega decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía.

El diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky opinó que “el protocolo anunciado por la ministra es la expresión más clara de que el gobierno piensa contestar con represión de la protesta social que generara el plan de ajuste que han empezado a aplicar”.

En declaraciones a Tiempo, el diputado señaló: “El intento de amedrentar, de generar un clima de hostigamiento, con una desmedida exposición de fuerzas de seguridad en la vía pública, la propagación de una especie de bando, que hace acordar a la dictadura, advirtiendo a los manifestantes que van a dejar de cobrar la ayuda social, son hechos aberrantes. Recuerdan la época de la dictadura y hoy estamos estupefactos viendo esto como parte de una práctica de un gobierno que venía con la consigna de la libertad avanza”.

“Esto ha generado una demanda urgente presentada por la CGT y las dos CTA, fundamentado en que vulnera los derechos de libertad de acción sindical y el derecho de protesta, reconocido en la Constitución Nacional. Del mismo modo se ha presentado una nota colectiva de denuncia antes la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó Yasky.

Finalmente, resaltó: “No puede haber restricciones ni limitaciones a este derecho a la protesta. Está claro que este protocolo no tiene ninguna validez legal. No puede dejar sin efecto la Constitución, ni mucho menos el estado de derecho y la libertad sindical. Es un error y señala un camino nefasto el que toma el gobierno al tener que presentar su primera protesta social”.

Su compañero de bancada, el porteño Eduardo Valdez afirmó: “Quienes se manifiestan hoy en las calles en honor a las 39 víctimas fatales de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, durante un gobierno cuyo gabinete integraba la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tienen todo el derecho a hacerlo. Esto es así aunque pensemos distinto a ellos en muchas cosas”.

“Repudiamos esta ostentación de la fuerza represiva para amedrentar a los manifestantes. A los argentinos y argentinas nos costó mucho recuperar la paz social después de aquel 2001, contexto que hoy parece estar en peligro, después de una semana donde nos enredamos en un clima cada día más hostil”, añadió.

También llovieron críticas desde la Coalición Cívica, en ese sentido, la diputada Mónica Frade cuestionó en su red social X la captura de una imagen televisiva en la que se anunciaba que frenaron un colectivo para bajar a 30 posibles manifestantes. “Esto no Bullrich, esto no. Coincido en la necesidad de ordenar y mantener la normalidad de la circulación; pero prácticas abusivas no”. Y advirtió entonces que “el derecho a asistir a una marcha no se puede impedir. Los delitos son otra cosa. Hay caminos de los que no se vuelve”.

También opinó el diputado porteño del mismo espacio Facundo del Gaiso: “Auditar, cortar los intermediarios y valorar a los que trabajan socialmente separando a los grupos que extorsionan. Ese es el camino correcto. Generar una épica del anti piquete en este contexto social no se sostiene. ¿Qué hacemos cuando corten los jubilados porque no pueden vivir?”.

Del Gaiso, en otro tuit expresó: “El Estado tendría que auditar los planes y separar los grupos que trabajan de los grupos que utilizan los planes para financiar la política. Esa es la forma de cortar los piquetes rápidamente y valorar a los grupos comunitarios que trabajan. Si no son todos ‘feos, sucios y malos’”.

En el Frente de Izquierda también se pronunciaron: “Desde la dictadura de Onganía, cuando por decreto ley se estableció el artículo 194, nadie puso por escrito una prohibición expresa a la protesta callejera como lo hace Bullrich intentando borrar, como en aquella dictadura de los bastones largos, la historia de nuestro pueblo”, expresó la diputada nacional Myriam Bregman.

En tanto que Nicolás del Caño señaló que “la propaganda berreta del gobierno que dice que movilizarse por las calles es un delito. Es un verdadero disparate. Quieren instalar un estado policial para aplicar un saqueo al bolsillo del pueblo trabajador y quitarnos derechos elementales. Hay que repudiarlo”.