Resisten un violento desalojo de una familia campesina en Añatuya

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) declaró el estado de emergencia territorial en Añatuya, al denunciar que decenas de policías y el cuerpo de Infantería, con el aval de un cuestionado juez, intentan desde hoy temprano desalojar a una familia en beneficio de un ciudadano francés.

Se tratan de 1395 hectáreas situadas en la localidad de Añatuya, Santiago del Estero en las que la familia Quiroga, compuesta por el matrimonio de Oscar y Claudia Coronel y sus hijos de 13 y 10 años, conviven con el monte nativo que lo provee de lo que necesitan: vacas, cabras, ovejas, caballos, siembra de sorgo, maíz, zapallo, sandía y algodón.

Por estos momentos se vive una tensa espera: por un lado los militantes del Mocase que acompañan a los Quiroga; y por el otro, los oficiales que están dispuestos a reprimir de un minuto a otro. Uno de los presentes en el lugar precisó a Tiempo cómo un oficial de justicia increpó a una integrante del Mocase que intentaba filmar el procedimiento: “Sacá esa cámara porque vas a pasar la peor noche de tu vida”, amenazó.

Esta no es la primera embestida en contra de la familia Quiroga. “Fueron varias las veces que Lannou recurrió a contratar bandas armadas para intentar desalojarlos. A diferencia de la suerte de cualquier inmigrante pobre o trabajador, este inmigrante ilegal tuvo su premio: la complicidad del juez Álvaro Mansilla”, denunciaron desde el Mocase.

Según reconstruyó este movimiento social, durante “el 2014 y el 2015 ocurrieron varios hechos delictivos y patoteros a cargo del francés Lannou. Que sin temor de represarías estuvo enviando bandas armadas, entre 6 y 10 personas, encapuchadas, que a punta de pistola amenazaron a los niños y a Claudia, para que abandonen el territorio”.

A partir de una denuncia que realizó el Mocase VC en el comité de Emergencia de la Provincia y en la Policía, se realizó un allanamiento en el que se pudo dar con la banda armada, “pero la policía solo retuvo las armas sin detener a nadie, luego esas armas fueron enviadas al juzgado, y más tarde el Juez Álvaro Mansilla se las devolvió a los delincuentes”, se quejaron los denunciantes.

“¿Cuál debería ser la suerte de la familia Quiroga? ¿Cómo debería continuar la vida de los niños Quiroga? ¿Queremos que terminen en los barrios marginales de la periferia de las grandes ciudades?”, se preguntaron desde el Mocase, que anunció “el estado de emergencia territorial” y denunció la “complicidad de jueces y empresarios, que usan cualquier artimaña legal o ilegal para llevar a cabo sus negocios”.

“En el territorio en conflicto se van juntando compañeras y compañeros de toda la provincia para acompañar solidariamente en la lucha a la familia Quiroga. Resistiendo colectivamente: Ni un metro más, la tierra es nuestra”, concluyeron.