Las facultades públicas permanecieron con las puertas cerradas tras el rechazo unánime a la propuesta del 3% de aumento y ante los informes falsos presentados por el Ejecutivo ante la Justicia para fingir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La bronca acumulada en la comunidad universitaria se profundizó en las últimas horas tras la presentación judicial realizada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. En el escrito elevado a los tribunales, el Gobierno pretendió acreditar un cumplimiento efectivo e integral de la medida cautelar y de la Ley de Financiamiento Universitario citando actas previas y la mera apertura de un cuarto intermedio. Sin embargo, la maniobra oficial omite deliberadamente que la Casa Rosada continúa adeudando más del 30% del atraso salarial acumulado y que tampoco transfirió los fondos prometidos en junio para garantizar el sostenimiento operativo de los hospitales universitarios y los gastos de funcionamiento.
Frente a este escenario de incumplimiento normativo y desacato a las órdenes judiciales, los sindicatos confirmaron la continuidad del plan de lucha para evitar que las protestas caigan en una rutina pasiva. La estrategia de visibilización contempla la realización de una jornada nacional de clases públicas en las calles el próximo martes 15 de septiembre, fecha fijada de manera estratégica para coincidir con la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso. Posteriormente, las organizaciones gremiales marcharán el jueves 17 hacia las puertas del Palacio Pizzurno para montar un acto de protesta durante la nueva convocatoria paritaria.
El horizonte del conflicto apunta directo a la construcción de una nueva Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre, una cita masiva que proyecta unificar los reclamos del sector educativo con las demandas de los organismos de ciencia y tecnología, afectados por idénticas políticas de vaciamiento. La masividad del paro de este martes ratifica que la comunidad universitaria no está dispuesta a tolerar el ahogo presupuestario ni la simulación burocrática de un Ejecutivo que se niega a cumplir con la legislación vigente.
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