Resta definir dónde quedará preso De Vido

Julio De Vido seguirá en el Hospital Penitenciario Central (HPC) hasta que, concluido el informe médico definitivo, se resuelva, entre hoy y mañana, si queda alojado en el HPC, pasa a un pabellón especial de la misma cárcel de Ezeiza o lo trasladan al penal de Marcos Paz, unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires.

Después de perder los fueros de diputado, el ex ministro de Planificación Federal llegó anoche al HPC, en el penal de Ezeiza, donde «cenó, pero poco», informaron a Télam fuentes de la investigación. Asmático crónico e insulinodependiente, llevaba consigo su propia insulina, junto a otros medicamentos.

Hoy proseguían los estudios destinados a establecer con precisión el estado general de salud de De Vido.

Una vez concluido el informe médico definitivo, se resolverá, entre hoy y mañana, dónde cumplirá la prisión preventiva dispuesta en la causa por supuestos sobreprecios en la importación de gas natural licuado (GNL), a cargo del juez federal Claudio Bonadio, y también en la causa por malversación de fondos en obras de remodelación en la mina de Río Turbio, que lleva adelante el juez Luis Rodríguez.

Fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) indicaron que, salvo contraindicaciones médicas, el aún diputado nacional quedará seguramente alojado en uno de los pabellones de la cárcel de Ezeiza, que cuentan con los requisitos edilicios y de capacitación de personal del llamado sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC).

Este sistema comprende «medidas tendientes a prevenir eficazmente los riesgos de corrupción que puedan darse dentro de establecimientos penitenciarios».

Bajo ese régimen, se encuentran encarcelados el empresario Lázaro Báez y los ex funcionarios José López y Ricardo Jaime, de los cuales los dos primeros se desempeñaron en altos cargos de la cartera de Planificación, y todos están imputados en causas por delitos de corrupción.

Un texto sin membrete atribuido al SPF señala que el sistema IRIC fue implementado tomando en consideración, entre otros factores, «la capacidad de los sujetos privados de su libertad de vulnerar, por medio de actos de corrupción, el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario».

Para decidir su incorporación al sistema IRIC, según el mismo escrito, los «internos» deben reunir dos o más características, entre las cuales un alto poder económico, vinculación con el crimen organizado y la condición de procesado o condenado por delitos de corrupción, de criminalidad económica o de crimen organizado.

También personas privadas de su libertad que fueran funcionarios públicos al momento de su detención o que lo hubiesen sido con anterioridad, con «acceso a altos niveles gubernamentales», y las personas políticamente expuestas según los criterios de la Unidad de Información Financiera (UIF).