Retenciones: ningún candidato se juega por su eliminación

En vísperas de las elecciones, la dirigencia agropecuaria se quedó sin aliados para presionar por la eliminación de los derechos de exportación. El histórico reclamo por las “retenciones cero”, que había sido recogido por las fuerzas de oposición para granjearse apoyos en el sector, ahora recibió como respuesta una promesa a largo plazo y sin fecha cierta de concreción.

En un reciente seminario organizado por Acsoja (la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, que integra a las entidades más importantes del sector), el exsecretario de Agricultura, Guillermo Bernaudo, coordinador de Juntos por el Cambio en materia de agroindustria, anticipó que la derogación de las retenciones «no se producirá de forma inmediata para la soja y los cereales, pero se establecerá un plan definido que abarcará un período acotado de cuatro o cinco años».

De esa manera, el especialista no sólo relativizó las propuestas de campaña de la candidata presidencial Patricia Bullrich (que había prometido “retenciones cero desde el día cero”), sino que puso paños fríos a las aspiraciones de los productores del sector, que en los últimos años mostró claras simpatías políticas por JxC. Carlos Melconian, que será ministro de Economía si triunfa ese espacio, también había desestimado que una medida en ese sentido fuera inmediata.

Enfrentados desde hace años con el kirchnerismo, que defiende la permanencia del tributo, a los dirigentes del sector sólo les queda una carta para lograr su propósito: apostar por Javier Milei, que desde su victoria en las PASO zigzagueó en sus ideas base. Aunque el candidato de La Libertad Avanza pregona una radical baja de impuestos, en su entorno dejan trascender que los ingresos por derechos de exportación podrían formar parte de un fideicomiso que serviría de garantía a inversores que aporten divisas para dolarizar la economía. Si el candidato libertario llega a la presidencia y avanza en esa línea (algo que muy pocos saben a ciencia cierta, más allá del propio Milei), se desprende que ese tributo, que tanto molesta a los hombres de campo, seguirá vigente.

Una pelea con historia

La discusión sobre las retenciones tiene varios ejes. Encierra también un rencor de larga data: fue el impuesto que detonó la virulenta pelea entre los dirigentes agropecuarios y el kirchnerismo en 2008, que se trasladó al resto de la sociedad y dejó secuelas en el gobierno de entonces.

Los números difieren según quién los proporcione. La Sociedad Rural estimó que desde 2001 el sector transfirió al Estado unos U$S 175.000 millones. Para el Centro de Estudios Económicos Argentina XXI, es mucho menos de la mitad. “Tomando en cuenta el tipo de cambio promedio, la participación de cada año en las exportaciones y la totalidad de los derechos de exportación, 20 años de retenciones a las exportaciones del complejo agroexportador totalizan 76 mil millones de dólares. Esto representa 11 millones de dólares por día”, dice un informe de ese centro.

Por otra parte, según datos de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, los derechos de exportación representaron en 2022 el 2% del PBI, cifra que triplica lo recaudado durante el macrismo pero está sensiblemente por debajo de la franja de 2,7-3,2% que alcanzó en el primer gobierno de Cristina Kirchner. También su participación en el total de los ingresos impositivos (6,75% de la recaudación tributaria) es la mitad de los picos de 2003 y 2008.

Durante la gestión de Alberto Fernández, la alícuota más alta para los derechos de exportación se reservó a la soja (33%). Para otros cultivos es mucho menor: 12% para el trigo y el maíz y 7% para el girasol. Además, en los últimos meses, muchas economías regionales fueron exceptuadas.

Aun así, los productores rurales se quejan de que no reciben ninguna devolución por el pago de sus impuestos y ejemplifican con la falta de obras logísticas (caminos, ferrocarriles y puertos) para bajar sus costos. En la última exposición de la Sociedad Rural, su presidente, Nicolás Pino, fue muy duro con el gobierno. “Las retenciones son un impuesto pésimo, por abusivo y discriminatorio. El Estado actúa como socio desleal y forzoso en nuestro sector”, afirmó. «