Retienen carne de Brasil por el escándalo

En medio de los múltiples escándalos de corrupción que involucran a las más grandes empresas y a los más renombrados políticos de Brasil, varias decenas de allanamientos y detenciones pusieron a la luz, el pasado viernes 17, que la Policía Federal de ese país investiga desde hace dos años otra red de corrupción que involucra a empresarios de la industria de la carne, especialmente porcina y aviar, y funcionarios del Ministerio de Agricultura.

Entre los 21 conglomerados y empresas investigados se encuentran dos de los más grandes a nivel global: JBS y BRF, ambos con presencia en la Argentina. El primero maneja la tradicional planta de Swift de La Plata; el segundo gestiona nueve plantas y es dueño de las marcas Paty, Vienissima y Dánica, entre otras.

Las empresas están acusadas de pagar coimas a inspectores a cambio de que estos hicieran la vista gorda sobre los procedimientos industriales. La investigación judicial ha puesto de relieve que estos procedimientos incluían el uso de carne en descomposición, el uso excesivo de aditivos y la adulteración de mercadería con productos de menor calidad y mayor riesgo para la salud de los consumidores.

Las repercusiones más fuertes de estos días han girado en torno de las idas y venidas en el comercio mundial de carnes. China y Chile, entre otros países, prohibieron la importación de todo tipo de producto cárnico desde Brasil, pero ayer se conoció desde Brasilia que esa decisión había sido revertida a una prohibición de la importación de los productos provenientes de los 21 frigoríficos investigados, siguiendo el camino que tomó Corea del Sur antes y que la Unión Europea implementó desde el inicio del escándalo.

Con todo, hay que consignar que esos establecimientos tienen prohibido exportar sus productos desde el martes 21, cuando una orden del Ministerio de Agricultura brasileño les canceló sus licencias para operar en el comercio exterior.

En la Argentina no se han realizado prohibiciones. Jorge Dillon, titular del Senasa, el organismo encargado de la sanidad animal y vegetal, le dijo a Tiempo que «hemos pedido a las empresas que importan carne porcina desde Brasil que inmovilicen lo que tienen en depósito hasta que estén los resultados de nuevos estudios». Se trata de 59 toneladas ingresadas este año y que ya habían superado los controles. Dillon aseguró que el organismo a su cargo ha reforzado los controles desde que las investigaciones salieron a la luz.»Abrimos las mercancías y sacamos muestras para laboratorio de todo lo que proviene de Brasil», detalló. El funcionario observó que «no hemos encontrado nada nuevo en las carnes de origen brasileño desde el año 2000», al tiempo que relativizó las investigaciones judiciales: «La información que proviene de la prensa es confusa. Por eso hemos requerido información oficial que estamos esperando.»

Si bien en estos días la atención estuvo puesta en el comercio internacional de carnes, hay dos interrogantes en pie: ¿qué pasa con el consumo interno en Brasil?, y ¿pueden las empresas hacer lo mismo en la Argentina?

Respecto del primer punto, las autoridades de Brasil no han tomado ninguna acción. Es decir, los 21 frigoríficos pueden seguir vendiendo al mercado interno, aunque tres de ellos sólo pueden comercializar sus productos con autorización judicial. De allí que por estos días pululan en todo Brasil las recomendaciones sobre cómo evitar la «carne podrida».

El otro impacto que ha tenido este escándalo es en el trabajo. Dos de los frigoríficos cerraron sus puertas apenas tres días después de que se supieran las investigaciones, con lo que quedaron 300 obreros en la calle.

Respecto de la Argentina, Alberto Williams, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Capital Federal, dijo que el Senasa «hace un control estricto de la faena, para que salga limpia al consumo». «