Retienen fondos para gasto social y liberan de más para los intereses de la deuda

Un estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda señala que, a la luz de lo ocurrido durante los primeros sietes meses del año, se espera que el gobierno nacional, finalmente, ejecute de manera distinta el presupuesto nacional con relación a lo pautado en la denominada ley de leyes. 

La ejecución real muestra un marcado sesgo en detrimento de gastos como educación, salud y desarrollo social que, tomados de conjunto, sufrirán una sub ejecución del 7%. 

Las modificaciones en la ejecución de los recursos con relación a lo que dicta la ley de presupuesto se sustenta en la legislación vigente que le otorga al poder ejecutivo la potestad de re direccionar las partidas a través de las denominadas Decisiones Administrativas (DA) o los más conocidos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El desvío de partidas es una práctica a la que recurren habitualmente todos los gobiernos motivados por cambios en los precios relativos u otros imprevistos que pudieran ocurrir en la economía nacional o incluso en el plano internacional. 

Además, en general, los últimos gobiernos recurrieron a una subestimación de la recaudación esperada para luego disponer de fondos por encima de lo pautado que quedan a disposición del ejecutivo para su re orientación. 

Con todo, esas decisiones sirven como muestra de la orientación político-económica de un gobierno.

Este año, de mantenerse la tendencia que se viene verificando, el sector más afectado será el de la Salud que, globalmente, sufrirá una sub ejecución del 11,5% pero que llegará al 80,7% en el ítem salud infantil, al 73,3% en las partidas del Hospital Garrahan y del 57,2% en el ítem Cobertura Universal de Salud. Incluso podría superar el 90% en lo que se refiere al presupuesto destinado a la investigación y producción pública de medicamentos.

En Educación, que sufrirá una subejecución global del 5%, se destacan las Academias Nacionales que hasta la fecha recibieron apenas $165 millones de pesos de los mil millones pautados en el presupuesto y las partidas para jardines de infantes cuya ejecución no llegará al 30% a fin de año al igual que los fondos destinados al “fortalecimiento del equipamiento educativo” que recibirán un 32% de lo pautado. 

En Desarrollo Social, la subejecución en el programa de políticas alimentaria superaría el 20% pero, y en el marco de la ley de emergencia social, con un pico de 80% en el ítem de “superación de la pobreza extrema”. En la misma dependencia se destaca el 0% de ejecución del presupuesto destinado a las transferencias a universidades nacionales y el ítem “alimentos para personas” que contrastan con la ejecución del 130% para las tareas de “coordinación y conducción” que llegaría  a fin de año hasta un 227% y cuyo destino es financiar las actividades del personal  jerárquico.

Estas sub ejecuciones presentan como contraparte una sobre ejecución del 7,3% en servicios de la deuda externa con un pico del 30% en lo que se refiere a las comisiones e intereses.