Retornos bajo receta: la causa por coimas en la ANDIS desnuda un fraude millonario con la plata de la discapacidad

La investigación judicial por presuntos sobreprecios y pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas elementos contundentes que sepultan el relato oficial de la transparencia y la pulcritud administrativa. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el fiscal federal Franco Picardi logró reconstruir una estructura de intermediación ilegal en las compras públicas. El mecanismo era tan burdo como sistemático: los intermediarios que operaban entre el organismo estatal y las empresas proveedoras se habrían quedado con retornos de hasta el 20% del monto total de las operaciones.

Las sospechas principales se concentran en la figura de Miguel Ángel Calvete, señalado por la Justicia como el engranaje central y operador externo que, sin integrar formalmente la planta de la ANDIS, articulaba las adjudicaciones. Los investigadores detectaron una correlación perfecta entre las licitaciones otorgadas por el organismo y los registros contables del lobista. Entre las pruebas recolectadas, figuran comunicaciones empresariales con anotaciones explícitas de sumas millonarias bajo nombres de pila y fechas precisas de cobro que equivalen, de manera exacta, a una quinta parte de lo facturado al Estado nacional.

El entramado de corrupción expone la complicidad de los funcionarios que debían controlar los recursos. En el expediente se incorporó un mensaje enviado por el entonces director de Acceso a los Servicios de Salud del organismo, Daniel Garbellini, quien se refería cínicamente a «sus ofrendas de esta semana» junto a un listado de diez contratistas por un total de 2.021 millones de pesos. La impunidad quedó en evidencia al cruzarse estos datos con un pedido de acceso a la información pública: el mismo día del mensaje, la ANDIS emitió 16 certificados de pago a esas firmas por una suma global idéntica a la consignada en la polémica comunicación interna.

Mientras el gobierno profundiza el vaciamiento del sector y licúa las prestaciones esenciales, la causa judicial revela que la motosierra no pasó por las cajas negras de la obra pública. La existencia de intermediarios que se apropiaron de fondos destinados a un sector tan vulnerable como el de las personas con discapacidad plantea interrogantes urgentes sobre el destino del gasto público. De cara a los próximos pasos, la Fiscalía evalúa los peritajes contables para avanzar con nuevas imputaciones y citaciones a indagatoria, en medio del reclamo de las organizaciones sociales que exigen terminar con la opacidad oficial.