A través de un amparo presentado ante la justicia, la Defensoría del Pueblo bonaerense exigió a la ministra de Desarrollo Social, de quien depende la Secretaría de Salud, que suministre el producto a toda persona que le hayan recetado este tipo de sustancias para tratar enfermedades.
La acción, radicada en el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 2 de La Plata, busca que el Ministerio de Salud y Desarrollo cumplan con la ley 27.350.
La norma establece que se entreguen esos productos en forma gratuita a quienes formen parte del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, o bien bajo cargo para quienes no están dentro de este listado y tengan prescripción médica del uso del aceite.
El amparo «es una respuesta a los reclamos que recibimos de asociaciones civiles, ONG y particulares, quienes expresaron que el gobierno nacional no cumple con la ley, lo que genera dificultades burocráticas y económicas para adquirir un aceite de cannabis que no se está produciendo en el país», dijo el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
El funcionario señaló que esa situación «pone en riesgo la continuidad de los tratamientos que deban llevar adelante las personas afectadas”.
«Son numerosos los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos, pero particularmente la imposibilidad de acceder al cannabis medicinal a través del Programa viola los derechos a la salud, a la mejor calidad de vida posible y a gozar legítimamente de los beneficios del progreso científico”, sostuvo Lorenzino.
La Defensoría cuestionó que, además, los establecimientos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) no están produciendo ni comercializando actualmente cannabis para uso medicinal, terapéutico o de investigación, y tampoco el INTA ni el Conicet investigan el tema con fines médicos y científicos.
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