Revés judicial para Carlos Grosso: le rechazaron el pedido de prescripción en la causa por la venta de una plaza

El fiscal federal Diego Velasco rechazó un planteo del ex intendente porteño Carlos Grosso para declarar prescripta una causa que se inició en 1992 por la venta de un predio en el barrio porteño de Retiro que involucró también al difunto ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Se trata de una causa radicada en el Tribunal Oral Federal número siete, el mismo que tiene asignado el expediente de los cuadernos que confeccionó Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario Roberto Baratta. 

Grosso, Cavallo y el también ex intendente Saúl Bouer (la acción penal contra Menem se extinguió por muerte) están acusados de haber vendido una plaza pública, la denominada Salvador María del Carril, situada frente a la estación de trenes de Retiro. 

El predio, en una de las zonas más caras de la Capital Federal, fue vendido en unos 400 mil dólares a la empresa Nuevo Retiro, relacionada con la actividad agropecuaria, que figura en la actualidad con un capital inicial de 20 mil pesos. 

Tras un rocambolesco proceso judicial, la causa fue elevada a juicio en 2017, se convocó a las partes en 2018 pero hasta ahora no se concretó el inicio del debate.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, “se atribuye a Carlos Saúl Menem –como Presidente de la Nación-, Domingo Felipe Cavallo –como Ministro de Economía-, Carlos Alfredo Grosso y Saúl Bouer –ambos, como sucesivos Intendentes de la Ciudad de Buenos Aires-, María Fernanda Márquez Miranda –como Directora Dominial Registral de la Administración de Inmuebles Fiscales del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación- y a Luis Herminio Villamil –como comprador en representación de la firma “Nuevo Retiro SA”-, haber intervenido en la venta ilegítima por parte del Estado Nacional de un predio de dominio público y afectado a dicho uso”. 

“El predio enajenado se erigía la plaza Salvador María del Carril, la que el Estado Nacional había cedido con carácter de uso precario en 1925 a la entonces denominada MCBA, a la que años más tarde autorizó a la instalación de ferias francas, situación que perduró hasta que se dispusiera y formalizara la venta sospechada”, añade la acusación. 

“Un bien de dominio público del Estado Nacional como es una plaza fue enajenado sin ser desafectado en legal forma como ‘bien de dominio público’, causando ello un perjuicio al erario público”, resumió.

Pese a que los hechos se remontan a 1992, la causa se inició el 15 de mayo de 2001 por  denuncia del entonces titular de la Defensoría del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Elio Brailovsky.

El difunto juez Norberto Oyarbide sobreseyó a todos los imputados pero la Cámara Federal porteña revocó la resolución y dictó los procesamientos por el delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.

Allí comenzó una increíble secuencia de demoras y dilaciones judiciales: los acusados fueron indagados el 20 de noviembre de 2006, sobreseídos en 24 de agosto de 2007, la Cámara revocó el 23 de setiembre de 2008 y declaró “inadmisibles” las apelaciones dos meses más tarde. El 7 de octubre de 2009 intervino por “queja” la Cámara de Casación y el 29 de abril de 2010 se suspendió el trámite ante un planteo de prescripción.

Pero el 18 de abril de 2012 la Casación desestimó el planteo y el 14 de agosto de 2013 lo ratificó. Desde entonces pasaron tres años hasta que el 9 de agosto de 2016 la fiscalía pidió la elevación a juicio y el expediente llegó al tribunal oral un año más tarde, el 5 de setiembre de 2017.

El 2 de marzo de 2018 se citó a las partes a juicio (y tres años después, el 2 de noviembre pasado, “se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes y se dio así inicio a la instrucción suplementaria”, el paso previo al juicio propiamente dicho.

En esa instancia, Grosso pidió la prescripción por violación a la garantía del “plazo razonable”.

El fiscal Velasco se opuso, pero la última palabra la tienen los integrantes del tribunal oral, Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, este último cuestionado porque fue designado allí mediante un decreto de traslado del ex presidente Mauricio Macri.