Las dos nuevas denuncias presentadas por jueces de Madrid y Barcelona fueron determinantes para la formación Junts per Catalunya (JxC) que no apoyó el dictamen, al considerar que no blindaba lo suficiente a los separatistas ante estos nuevos delitos.
Un brusco giro
Hasta la semana pasada se preveía que la votación sería un plácido trámite que una vez aprobado concluiría con el retiro de los cargos contra cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
El radical cambio en el panorama parlamentario sobrevino luego de las dos nuevas denuncias que refuerzan el cerco sobre el líder independentista Carles Puigdemont por terrorismo y por atentar contra intereses vitales de España, dos delitos que están ahora fuera de la amnistía.
Paradójicamente, la derrota del oficialismo se debió al voto en contra del partido Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya) de Puigdemont, que consideró que la medida no blindaba lo suficiente a los separatistas ante todos los nuevos delitos que se les podrían imputar.
«La humillación es constante (…) Cada votación es un calvario» para Sánchez, dijo el líder opositor del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien fue el más votado en las elecciones para presidente del Gobierno, pero no obtuvo los apoyos necesarios en el parlamento para lograr la investidura, lo que permitió a Sánchez su reelección.
El acuerdo
Para ser investido, el mandatario del Partido Socialista Español (PSOE) logró un acuerdo con grupos regionalistas de Cataluña, Galicia y el País Vasco. El más trascendental fue el que logró con los catalanes de Esquerra Republicana (ERC) y, sobre todo, con Junts, para el que el PSOE tuvo que negociar abiertamente con el expresidente catalán Puigdemont, que vive en Bélgica desde hace seis años para eludir su procesamiento por liderar un intento fallido de secesión de Cataluña en 2017.
Puigdemont aceptó, tras intensas negociaciones, apoyar la reelección de Sánchez, y a cambio obtuvo de los socialistas el compromiso de la próxima aprobación de una ley de amnistía para cientos de independentistas procesados, que debería permitirle regresar a España.
El tratamiento en el parlamento de dicha norma clave llegó este martes, pero no hubo conformidad entre todos los aliados del oficialismo para su aprobación.
En principio, el proyecto de ley del oficialismo beneficiaba a Puigdemont, que era presidente regional catalán en el momento del levantamiento independentista. La idea era que la iniciativa le permitiera volver a España, luego de más de seis años de instalarse en Bélgica, eludiendo a la justicia española.
Sin embargo, Junts mostró dudas después de que dos jueces de Madrid y Barcelona pidieran el lunes prolongar la instrucción de dos casos que podrían salpicar a Puigdemont, uno por presunto terrorismo y otro por mantener supuestamente contactos con Rusia para conseguir apoyo a la independencia de Cataluña.
Los supuestos contactos con Moscú podrían costarle a Puigdemont una imputación por «traición», un cargo que no quedaría cubierto por la amnistía.
Por eso, Junts exigía a los socialistas que votaran a favor de unas enmiendas destinadas a contrarrestar las decisiones de los dos jueces conocidas el lunes.
Antes de la votación, Junts afirmó a través de un comunicado que no apoyarían el dictamen de la ley si los socialistas no se pliegan a sus exigencias de blindarla ante presumibles intentos de «boicot» por parte de los «estamentos judiciales».
Finalmente, y ante la negativa de los socialistas, los siete diputados de Junts votaron en contra del proyecto de ley, que recibió 171 votos a favor y 179 votos en contra.
Las exigencias de Junts per Catalunya
La ley tiene que garantizar que sea una «amnistía integral» que «no deje a nadie atrás», advirtió antes de la votación desde la tribuna Míriam Nogueras, diputada de Junts, citó la agencia de noticias AFP.
Es «incomprensible que Junts haya votado en contra», al igual que la derecha y la extrema derecha, quienes «quieren encarcelarlos e ilegalizarlos», dijo de su lado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien pidió al partido independentista «que reconsidere su posición».
El segundo frente judicial que amenaza a Puigdemont es el de la misteriosa organización Tsunami Democrático, que convocó las diferentes protestas de 2019 contra las duras penas de prisión impuestas a dirigentes independentistas, y que incluyeron el bloqueo del aeropuerto de Barcelona.
En este caso, el juez Manuel García Castellón estima que Puigdemont es sospechoso de haber cometido delitos de «terrorismo» al dirigir esta organización en la sombra.
En respuesta, los socialistas ya se vieron obligados la semana pasada a ponerse de acuerdo con los independentistas en la redacción de una enmienda para que la ley de amnistía proteja a los separatistas acusados de terrorismo, a condición de que no cometieran «violaciones graves de derechos humanos».
La pugna continúa
De todas maneras, no es el fin de la polémica en torno al proyecto de ley, que volverá a una comisión parlamentaria donde puede ser modificada para un posterior nuevo voto.
De todas maneras, aunque la ley de amnistía fuera aprobada por el Congreso en una fecha futura, será apenas el primer obstáculo superado.
El PP prometió hacer todo lo posible para ralentizar el paso del proyecto de ley por el Senado, donde dispone de mayoría absoluta.
Para ello, ya modificó el reglamento de la cámara y solicitará informes sobre el texto antes de enmendarlo, lo que obligará al Congreso de los Diputados a pronunciarse de nuevo para su aprobación definitiva.
El Gobierno «ha cambiado impunidad por poder», y representa «la peor versión de la política», lanzó el domingo Núñez Feijóo, en una manifestación en el centro de Madrid contra esta amnistía, a la que acudieron 45.000 personas.
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