Un fallo de segunda instancia obliga a la revista a pagar una suma de 70 mil pesos por una sátira publicada en 2010.
La parodia fue un fotomontaje en la contratapa de la edición de agosto de 2010, luego de que Pando se encadenara al Edificio Libertador, sede el Ministerio de Defensa, para mostrar su solidaridad con los condenados por delitos de lesa humanidad. Pando consideró que el fotomontaje «lesiona su honra e inició acciones legales.
El fallo de la jueza Patricia Barbieri es por lo menos ambiguo. En primera instancia, la jueza civil Susana Nóvile había ordenado una indemnización de 40 mil pesos por entender que Pando era una persona privada y no pública. En este caso, esa premisa no es compartido por los camaristas, que igual ratifican la indemnización y la aumentan a una cifra que pone a la publicación al borde del cierre. Sin embargo, en el fallo también se indica que la indemnización no debe llegar al punto de sojuzgar al medio periodístico de manera de impedirle el cumplimiento de tan excelsa tarea. La suma de 70 mil pesos lleva al cierre de Barcelona, que apelará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La jueza Barbieri cita casos de jurisprudencia de Estados Unidos y de España, respectivametne, en los que se protege el derecho a parodiar figuras públicas y que la caricatura ( ) contituye una de las vías más frecuentes de expresar mediante la burla o la ironía críticas sociales o políticas. Pese a eso, los camaristas le dan la derecha a la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina.
Existe un antecedente de un fallo que perjudicó al periodista Andres Cascioli por la publicación de una carta de lectores en la Revista Humor. Su viuda y su hija se encuentran aun hoy obligadas a pagar demandas judiciales arbitrarias, luego de afrontar las deudas de una quiebra que originó el Estado que nunca le otorgó pauta oficial a esas publicaciones. Como parte de ese acoso, la editorial perdió el edificio, donde hoy funciona la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Por eso, en noviembre de 2016 la Asociación de Revistas Culutrales (ARECIA) presentó en la Legislatura de la Ciudad la llamada Ley Cascioli para proteger y fomentar la producción independiente y autogestiva.
El fallo completo:
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