Revocaron el sobreseimiento de Fernández Garello y quedó a un paso de ser procesado por delitos de lesa humanidad

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó el sobreseimiento al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, y volvió a quedar a un paso de ser procesado por integrar un comando conjunto de policías y militares que secuestró a tres militantes del Partido Comunista (PC) en el invierno de 1981, en los finales de la dictadura cívico militar, cuando el funcionario integraba la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPBA).

La decisión fue tomada por la Sala I, integrada por los jueces Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, que revocó la falta de mérito que había dictado la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, y que beneficiaba al fiscal, a los ex policías Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos y Daniel Cammarota, y al militar Jorge Norberto Apa el exjefe del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército.

Apa fue condenado a prisión perpetua el 6 de diciembre pasado por la muerte de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Ana María Martínez, secuestrada y asesinada en febrero de 1982.

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La Cámara resolvió la apelación que había interpuesto el Ministerio Público Fiscal y las querellas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia “contra la resolución que dispuso la falta de mérito para procesar o sobreseer” a los acusados.

La jueza Vence había dictado el sobreseimiento a principios de septiembre pasado porque consideró que no contaba con las pruebas suficientes para procesarlos por los secuestros y torturas cometidas contra los militantes comunistas Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, cometidos entre el mediodía del 23 de julio de 1981 y la mañana siguiente.  

Sin embargo, la Cámara Federal consideró que la actuación de la delegación de la DIPPBA de San Martín, donde revistaba Fernández Garello, fue parte del plan sistemático de represión que coordinaba el Batallón 201 de Campo de Mayo.

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En el fallo remarcaron que por la documentación obrante en la causa quedó acreditado “que la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia Buenos Aires había operado con el Destacamento de Inteligencia 201 del Comando de Institutos Militares en sucesos que, a juicio de quienes allí revistaban, tenían características de subversivos”.

La resolución de la Sala I remarca además que la inteligencia policial integraba la comunidad de información de esa zona y que “las estructuras policiales participaban y colaboraban con el Ejército” en la persecución de opositores políticos, particularmente, de “ideología marxista”.  

En ese camino, los jueces entendieron que, en el expediente está claro cómo fueron los hechos que están en investigación: “se conformó una comisión con personal policial y militar que como ya ha quedado acreditado, entre el 23 y el 24 de julio de 1981, procedió a la detención de Bulacios, Duarte y Seitor en sus domicilios, los trasladó a la Brigada de Investigaciones III de Caseros, donde permanecieron detenidos y fueron interrogados”.

Esa comisión estuvo integrada, entre otros, por Fabián Fernández Garello. En esa época, el fiscal –que entre otras cosas tiene en sus manos la planificación de la política criminal de Mar del Plata- era efectivo de la Policía Bonaerense e integraba junto a Tresguerras y Ríos la Delegación Regional de Inteligencia III (DIPPBA) de San Martín.

Según la denuncia impulsada por la CPM en base a documentación del archivo de la ex Dippba que tiene bajo su custodia, los agentes fueron convocados por Apa, junto con Cammarota que era cabo en la Brigada de Investigaciones de San Martín, para realizar una serie de operativos para detener un grupo del PC que habían identificado en la zona. Todo quedó registrado en los archivos de los espías policiales.

Sobre la base de esta prueba el año pasado la CPM presentó un pedido de jury contra el fiscal y una medida administrativa en la Procuración bonaerense. El primer pedido fue archivado por la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia y el segundo por el procurador General de la Provincia (y ex ministro de María Eugenia Vidal), Julio Conte-Grand.