Riachuelo: en la Corte, sin la voz de los afectados

«Seguimos remando en un río de dulce de leche, con todo en contra. Nosotros queremos ser parte de la solución, no parte del problema, pero en el fallo de la Corte somos cosas, no se nos considera sujetos, habilitados para participar», dice Mario Alberto Gómez, jujeño, 60 años, afincado desde el ’73 en la Villa 21-24, a la vera del Riachuelo, donde crecieron sus hijos, nietos y bisnietos.

Se refiere a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de excluir a un grupo de delegados y habitantes de villas y asentamientos porteños que viven sobre el camino de sirga –y que, en rigor, ya deberían haber sido debidamente relocalizados– de la lista de ponentes de la audiencia pública que convocó para este miércoles 14, a las 10, en la Sala de Audiencias del máximo tribunal, en el cuarto piso de Talcahuano 550, en el marco de la causa por la contaminación del Riachuelo. Los magistrados citaron a las autoridades de ACUMAR, el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y la Auditoría General de la Nación para que expongan sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordena la recomposición del daño ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo, pero los vecinos, los afectados por la contaminación, no tendrán voz.

Patrocinados por el defensor general de la Ciudad, Hugo Corti, y por el defensor adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público de la Defensa porteño, Luis Duacastella Arbizu, un grupo de vecinos peticionó ante la Corte para ser escuchados. Se trata del padre Lorenzo de Vedia, párroco de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en la Villa 21-24; Teresa Guerín y David Veloso, de Villa Lamadrid; Serafina Falagán, de Villa 26; Germán Canchi, de Villa Pueblito; Mirna Cáceres, de Villa Magaldi; Miguel Silas, del Complejo Padre Mujica; y Mareyra Cadena, del Complejo San Francisco, «afectados» en los términos del fallo de la Corte del 19 de diciembre de 2012, en la llamada «Causa Mendoza». Mario Gómez también integra, como delegado de la Manzana 29 de la 21-24, la lista de los que no podrán exponer.

«Nos hace mucho ruido –dice Gómez– esta decisión de la Corte, que sólo hace justicia para determinado tipo de población. Nosotros no lo contaminamos al río, nosotros somos los contaminados por empresas que se instalaron en la ribera y lo envenenaron. Este es un lugar en el que, más allá de lo que implica la contaminación, nosotros transformamos el barrio, fuimos autogestivos, nos organizamos e hicimos lo que el Estado nunca hizo, tendido de luz, apertura de calles, como pudimos. Y en este contexto, se relocalizó a una pequeña parte de la población, en una operatoria que tenía que haber terminado en 2013. En realidad, no fueron relocalizados sino erradicados, porque terminaron perjudicándolos. Acá había un comedor, una economía social, pero a los relocalizados los mandaron a lugares inhóspitos, mezclados con gente de otros asentamientos, generando situaciones conflictivas. Es este Estado idiota, que rige sólo para unos pocos, el que genera estas situaciones perversas». «