Río de lágrimas en el Amazonas

Nuevamente, defensores del pulmón del planeta son asesinados por su labor. Esta vez tuvo un fuerte impacto internacional, con pronunciamiento de la ONU, debido a que una de las víctimas es Dom Phillips, un periodista británico proveniente de The Guardian que se abocaba a trabajar en un libro sobre la preservación del Amazonas y sus comunidades nativas. Junto a él fue asesinado el indigenista Bruno Pereira, quien actuaba de guía en la expedición.

Ambos estaban desaparecidos desde inicios de junio. Tras la confesión de Amarillo da Costa de Oliveira, que indicó el lugar donde estaban enterrados dos cuerpos en las cercanías de Atalaya do Norte, zona cercana al Valle del Javarí, próxima a la frontera con Perú, se avanza a la trágica conclusión de haberse producido un asesinato.

Si bien el móvil y las circunstancias están en investigación, los hechos se producen en el marco de una arenga política de Jair Bolsonaro contra la preservación del Amazonas y el ataque sistemático a comunidades indígenas presentes en la cuenca. A esto, se suma el proceso de privatización de Eletrobras, empresa estatal que tiene acción en la región y que un destino privado induciría a provocar cambios en la política ambiental.

Este río, que debe su nombre a las valientes nativas que repelieron la invasión de Francisco de Orellana en 1541, quien las comparó con las guerreras amazonas de la antigua cultura helénica en Grecia, es considerado el más largo del mundo por los institutos gerográficos de Perú y Brasil; situando su nacimiento en la montaña Mismi (Arequipa, Perú), alcanza los 6800 kms, constiyendo el sistema hidrográfico más grande del planeta, cubriendo un área de 6 millones de km2 y una descarga de 220 mil km3 por segundo, representando el 20% de agua de la Tierra.

A este río se suman las lágrimas de indignación de familiares y allegados a las víctimas. Por este asesinato se pronunciaron diferentes organizaciones indigenistas y ambientalistas que vinculan el hecho a la impunidad reinante en la región, producto de la desidía del presidente, quien pretende entregar la zona, y todo recurso disponible, a la explotación voraz del mercado, o sea a las inescrupulosas corporaciones monopólicas.

Por su parte, la ONU consideró el hecho como un «acto brutal de violencia» y urgió a Brasil a «acrecentar sus esfuerzos para proteger a los defensores de Derechos Humanos y a los pueblos indígenas» por parte «de actores estatales y no estatales», sostuvo en Ginebra Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.   «