El expresidente de gobierno español aparece implicado en una trama por el salvataje a una aerolínea durante la pandemia. La denuncia es de un grupo derechista y se basa en una entrevista en un programa periodistico.
Calama ordenó registrar el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz, cercano a la sede del PSOE en Madrid, y también otras tres mercantiles, una de ellas la empresa de marketing de las hijas del expresidente socialista, por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra.
En este sentido, a primera hora de la mañana de este martes agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional acudieron al despacho de Zapatero.
Hicieron lo mismo en What The Fav, la empresa de las hijas del expresidente, así como en otras dos mercantiles, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.
Fuentes conocedoras de las pesquisas apuntan que también hay un requerimiento de información dirigido a la empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La investigación indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia. En concreto, se centra en la influencia que podría haber ejercido Zapatero en dicha operación, a cambio de recibir fondos a través de Julio Martínez, empresario y amigo del expresidente, y que ya fue detenido en esta causa.
El caso se originó bajo el impulso de una organizacion de derecha, Manos LImpias, un colectivo de funcionarios públicos fundado en 1995 por el abogado y expolítico de la ultraderecha Miguel Bernad Remón. Se trata de una entrevista a un empresario y expresidente delculb Zamora, proecesado en otra causa, el «Caso Koldo».
El juez, que inició la investigación del ‘caso Plus Ultra’ por un presunto delito de blanqueo de capitales, llamó a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio. Además, decidió levantar el secreto de sumario, según las mismas fuentes, después de ir prorrogándolo mes a mes desde que asumiera la causa.
En diciembre, en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional.
En este contexto, meses después, el juez ordenó la detención de un hombre presuntamente relacionado con el ‘caso Plus Ultra’ en la isla caribeña de Aruba.
La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al «uso indebido» de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras» de una supuesta trama delictiva.
Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
La constituirían –explicaba la AN en un auto al que tuvo acceso la agencia Europa Press— «personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español», y estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de «muy alta cuantía», concretamente de «fondos públicos de programas CLAP», impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y «ventas de oro del Banco de Venezuela».
«La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal», sostenía.
Anticorrupción refería las «conexiones» de la supuesta organización criminal con «clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente».
La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.
También mencionaba la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo «se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo».
ALG con Europa Press
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