Dilma fue retirada del cargo el 12 de mayo por presunta violación de las leyes fiscales. Sin embargo una auditoría contratada por el Senado confirmó que la presidenta suspendida no realizó las maniobras de las que fue acusada.
Para quienes apoyan a Rousseff, el informe pone de manifiesto la debilidad del caso en su contra y señala que no demoró los pagos a los bancos estatales como se la acusa, lo cual hubiera constituido una violación de las leyes fiscales.
Pero los que apoyan al presidente interino Michel Temer, ahora enemigo y antes aliado de Rousseff, dicen que el documento solicitado por la comisión de juicio político del Senado, no cambia las mínimas posibilidades que tiene ella de regresar a ocupar su cargo.
En mayo, dos tercios de los senadores votaron a favor de suspender a Rousseff por presunta violación de las leyes fiscales. El informe de los auditores no es vinculante para los legisladores, quienes deben votar nuevamente a finales de agosto.
La defensa de Rousseff sostuvo que de acuerdo con el informe, la mandataria no cometió crimen alguno que merezca su destitución. En entrevista con Radio Guaiba, Rousseff dijo que la auditoría muestra que no existe base legal para llevarla a juicio e insistió en que podría convocar a un plebiscito sobre el futuro político de Brasil en caso de regresar a la presidencia.
«Los auditores ni siquiera dijeron que yo firmé esos decretos engañosamente», agregó. «Este impeachment no es más que una elección indirecta (del presidente interino Temer) en el Congreso». Rousseff, quien ha gobernado durante la peor recesión de Brasil en décadas en medio de un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, fue retirada del cargo el 12 de mayo.
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