La gravedad de la situación de morosidad que afecta a las personas y a las empresas fue uno de los principales temas que se trataron en la Cámara de Diputados. La oposición logró el quorum para sesionar y se emplazó al tratamiento en comisiones, no sólo de la gran cantidad de proyectos presentados para ayudar a las personas con atrasos importantes en los pagos, sino también para establecer la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Fruto del trabajo consecuente del bloque de Unión por la Patria y de la disposición de varios/as legisladores/as para la construcción de alianzas amplias sobre temas específicos, se va pudiendo modificar en el Parlamento la agenda del Poder Ejecutivo Nacional.

El oficialismo intentó diluir este logro de la oposición votando finalmente a favor de este emplazamiento, más allá de no dar cuórum al comienzo de la sesión. De hecho, de haber tenido una sincera voluntad de dar premura al debate de estas iniciativas, lo podrían haber hecho en la sesión anterior, habilitando los votos necesarios: un camino que no se quiso transitar.

Por otro lado, el oficialismo también tuvo que ceder en el Senado y no convocó a sesión el jueves pasado por no haber llegado a reunir la cantidad de acuerdos que permitirían alcanzar el cuórum. Allí se proponía tratar el proyecto que establece un marco regulatorio de biocombustibles para el territorio nacional. El objetivo principal parece ser abrir esta actividad a empresas de mayor tamaño. En los hechos, un cupo actualmente asignado a empresas pyme pasará a ser compartido, de manera creciente desde 2027 a 2030, con firmas de gran escala (integradas), las que incluso se reservarán la mayor parte del corte total a partir de 2031.

Según la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), “este proyecto condena a la quiebra a las PyMEs regionales y concentra toda la producción de biodiésel en las empresas integradas del polo agroexportador de Santa Fe. Esto no es desregulación ni libre mercado: es cambiar una regulación por otra que cambia arbitrariamente a sus beneficiarios”.

Negando la realidad

Cada vez se hacen más evidentes las consecuencias del modelo económico actual. Volviendo a la problemática de la morosidad, los datos son elocuentes. En julio 5,9 millones de personas tenían atrasos de más de 90 días en sus créditos. Sacando la excepción de junio de 2026, cuando la mora cayó levemente, van 19 meses seguidos de suba. Hoy los niveles de impagos de las familias (12,9% del total de deudas) más que cuadruplican los de dos años atrás.

El gobierno no toma iniciativas porque sostiene que la morosidad es un problema “entre privados”, cuando en rigor es una cuestión de bajos ingresos y una importante manifestación de los daños que genera el actual modelo.

Por su parte, Julie Kozack, vocera del FMI, afirmó en conferencia de prensa: “estamos siguiendo de cerca el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares; sin embargo, no consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país”. Señaló a su vez que “el endeudamiento de los hogares en Argentina se mantiene en niveles relativamente bajos: ronda el 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina”.

Si bien es cierto que la actual morosidad no afecta al sistema financiero, Kozack no tiene en cuenta a los 6 millones de personas afectadas que están sufriendo las consecuencias de no poder pagar sus deudas, un tema que, además, debilita el consumo.

Sin un Estado presente, regulando el sistema financiero y sobre todo protegiendo los ingresos de las personas, el deterioro no se va a revertir.

Como ejemplo, desde noviembre de 2023 la caída de los ingresos de los hogares es significativa. Tomando lo ocurrido con los salarios reales registrados (INDEC), se verificó una reducción del 21% en el caso de los del sector público y del 5,4% en el caso de los privados. El propio Presidente señaló en varias oportunidades que la reducción de los salarios del sector público era “algo que estábamos buscando”. Con este modelo se avanza hacia una distribución del ingreso cada vez más regresiva.

En julio, la industria manufacturera registró una retracción interanual en su producción del 4,9%, merma que llega al 12% considerando el promedio enero-julio de 2026 contra el mismo período de 2023. En esta última medición, sólo dos de los sectores tienen evolución positiva: Refinación de petróleo y otros combustibles, y tabaco (este último con una ínfima participación en el total). En la construcción, la caída interanual llega en julio al 4,5% y en el promedio enero-julio se encuentra 23,5% por debajo de 2023.

Respecto del empleo, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde noviembre de 2023 a junio de 2026 se produjo una caída neta de trabajadores registrados de 354.128, de los cuales 246.312 fueron privados, 87.629 públicos y 20.187 de casas particulares. En materia laboral, la industria lleva 20 meses consecutivos en retroceso desde noviembre de 2023 y acumula una pérdida de casi 90 mil empleados registrados.

En el marco de empresas que producen menos y de una gran cantidad de cierres, los datos de pérdida de empleo, aunque preocupan, no llaman la atención. Son la consecuencia lógica de un modelo de apertura a las importaciones y que prioriza a tres o cuatro sectores vinculados a los recursos naturales, que no son generadores de empleo ni derraman en el resto de la economía.

Persistencia inflacionaria

La suba de los precios minoristas de agosto alcanzó un 1,7% mensual, según el INDEC. Sin embargo, la inflación sigue impactando en la ciudadanía, y en particular en los sectores de menores ingresos: las canastas de pobreza e indigencia se incrementaron 2,6% en el mes.

El presidente Javier Milei había afirmado que la inflación minorista en agosto empezaría con un cero, un hecho que hubiera requerido un ajuste de dimensiones aún mayores, dado que, aunque el gobierno sostiene que la inflación es un tema exclusivamente monetario, los precios se están apaciguando gracias a la gran debilidad del consumo, y su efecto en la producción y el empleo.

La inflación acumulada en lo que va del año llegó al 21,3%, el doble de la fijada en el Presupuesto 2026 (10,1%), que desde el vamos era casi de imposible cumplimiento, tal como señalé oportunamente. La variación interanual fue del 33,5%, por encima del 31,5% con el que cerró el año pasado. ¿Es ésta acaso la estabilización a la que hacen referencia el gobierno y los economistas que apoyan al modelo?

Una mención especial merecen los precios regulados, que crecieron el 43,7%. Son aquellos en los que incide directamente el gobierno. Detrás de este aumento de precios no hay un fenómeno económico puntual sino la decisión de bajar el gasto público vía reducción de subsidios.

La pérdida de empleo, ingresos y producción se acumula. Efectos ya demostrados del modelo neoliberal que se ratifican con las políticas del actual gobierno, que hacen recaer los principales costos sobre la mayor parte de la población.