A partir de febrero, el piso de la nueva remuneración establecida de manera unilateral implica un aumento del 19%.
La decisión del Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Educación, se da tras el fracaso de la instancia de diálogo con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco que se reunió a mediados de febrero para evaluar el aumento propuesto por la asamblea del Consejo Federal de Educación.
Al respecto, el texto oficial precisó que “las partes fijaron sus posiciones y, luego de un extenso intercambio de opiniones, no pudo arribarse a un acuerdo sobre el monto de la retribución mínima de los trabajadores docentes”.
En este marco, la normativa dispuso “determinar un salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado común, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra, a partir del 1 de febrero de 2025, de $500.000”.
De esta manera, la remuneración mínima docente se incrementó un 19% frente al valor previo de $420.000, que había sido fijado en agosto del año pasado, también en discordancia con la postura sindical. La suba queda por debajo de la inflación del periodo.
Además, se estableció que el nuevo sueldo mínimo “será el importe de referencia para dar cumplimiento a las transferencias en las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado por el artículo 9º de la Ley Nº26.075”.
Al explicar la convalidación del piso salarial, el Ejecutivo precisó que responde “a los efectos del funcionamiento del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente” y destacó que “refleja la decisión política del Consejo Federal de Educación y del Gobierno Nacional de garantizar que ningún docente perciba una remuneración inferior a la fijada por dicho concepto”.
La mesa de negociación estuvo conformada por la Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), en representación de los gremios. Mientras que por el Ejecutivo participaron las secretarías de Educación, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al igual que el Consejo Federal de Educación y su Comité Ejecutivo.
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