Salario, gasto y ganancia

Existe un consenso entre quienes fueron opositores a la administración Cambiemos alrededor del hecho de que Mauricio Macri dejó como herencia un salario pulverizado. El poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado formal perdió en los últimos cuatro años entre un 20 y un 25% promedio.

En el contexto de esa realidad de una capacidad de compra muy disminuida para los asalariados, irrumpió el coronavirus y la cuarentena obligada. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297 del 20 de marzo de 2020 que dispuso el aislamiento social estableció en su artículo 8° que durante su vigencia “los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”. Pero el nuevo DNU (329) que prohibió los despidos introdujo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que permite que se pueda arribar a otro tipo de acuerdos individuales o colectivos debidamente homologados. De esta manera, se habilitaron suspensiones por fuerza mayor y descuentos en las remuneraciones. Dos decretos prohibieron los despidos y las rebajas salariales y un artículo de una ley flexibilizadora los permitió. En las mismas resoluciones están la ley y la trampa.

En esa reglamentación se apoyaron la Unión Industrial Argentina y la CGT para firmar un acuerdo de cúpulas que legitima y legaliza la reducción de hasta un 25% del salario. Este pacto fue homologado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y luego justificado por el mismo presidente, Alberto Fernández. En una entrevista con el periodista Alejandro Bercovich en el programa Pasaron Cosas de Radio con Vos, el presidente justificó el acuerdo porque “si no se trabaja, hay menos costos para el trabajador, no tiene gastos de transporte, no come afuera y hay un montón de cosas en las que no está gastando”. Un argumento flojísimo de papeles en un contexto inflacionario (especialmente en alimentos) y de un poder de compra cascoteado desde hace cuatro años. Además, esto se da en el marco en que el Estado fue al rescate de las empresas cuando dictaminó que abonará el 50% del salario de los trabajadores del sector privado.

La cancha inclinada hacia el campo empresario abrió el camino para que grupos que no sufren crisis graves avancen sobre los derechos de sus empleados. Como muestra bastan dos grandes botones.

La gigante alimenticia Mondelez, perteneciente a una rama que no está entre las más afectadas por la crisis, avisó que paralizará la producción en su planta de Victoria, amparada en el acuerdo UIA-CGT, avalada por los dirigentes que ocupan el sindicato de la alimentación (Rodolfo Daer) y respaldada por la cartera de Trabajo. La firma había decidido mantener las líneas en funcionamiento pese al aislamiento social preventivo y obligatorio, exponiendo a sus operarios ante la pandemia. Durante ese tiempo se stockeó lo suficiente y ahora pretende aprovechar el acuerdo de rebaja salarial para “gastar menos”.

La productora Polka, perteneciente al Grupo Clarín y a Adrián Suar (una persona que como actor siempre demostró ser un eficaz empresario hecho y derecho), propuso recortar salarios en un 50% y no abonó parte de los haberes de abril. El Estado nacional aseguró que podía hacer un aporte a través del programa ATP que cubre hasta dos salarios mínimos por trabajador. Del 100% del salario, el 50% lo abonaría el Estado gracias a un programa que presuntamente está dirigido a pymes o medianas empresas y no a la principal productora de contenidos del país, asociada a uno de los más poderosos holdings empresarios de las comunicaciones. De esta manera, Suar, Héctor Magnetto y los accionistas pueden “gastar menos” de sus ganancias.

La lista podría ampliarse a muchos otros ejemplos de la misma envergadura. De hecho, Techint de Paolo Rocca respondió al decreto de prohibición de los despidos con el cese de contratos de 1500 obreros de la construcción que trabajaban en obras para la firma.

Es verdad, después de todo, que en algunos casos “se gasta menos” para que en otros se gane más.