Salen a relevar viviendas ociosas para forzar una ley que repare el déficit habitacional

La Ciudad de Buenos Aires vive en emergencia habitacional. Unos 500 mil vecinos sufren esa problemática: viven en la calle, en viviendas precarias, hacinados o no pueden pagar el alquiler. Lo paradójico es que se estima que hay en la Capital alrededor de 90 mil inmuebles vacíos. El gobierno porteño debería procurar que estén disponibles a la población, pero eso no sucede. En vistas a lograr un diagnóstico preciso del problema, un grupo de organizaciones se propuso relevar todas las viviendas ociosas, empleando una novedosa aplicación de celular que ellos mismos crearon.

La iniciativa es impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento Popular La Dignidad y Destapiadas.org. Las recorridas comenzaron en uno de los barrios con mayor problemática habitacional, San Telmo.

Los voluntarios se reunieron el viernes en el bar La Dignidad: desde profesionales del Derecho y la Arquitectura hasta una estudiante de Planificación del Paisaje y un jubilado que se enteró de la propuesta por e-mail.

«El objetivo es visibilizar la problemática habitacional que sufre la Ciudad, en el contexto de un nuevo Código Urbanístico ideado a favor de los desarrolladores inmobiliarios –explica Jonatan Baldivieso, presidente del Observatorio–. Para dar solución a los problemas de vivienda hay que construir nuevas y también aprovechar las que no se usan».

«Desde los ’90 –agrega el abogado y ambientalista–, el Ejecutivo está obligado a impulsar políticas de incorporación de los inmuebles ociosos al mercado. Lo especifica el artículo 31 de la Constitución, pero no se cumple. Queremos que este relevamiento sirva también en lo legal y para elaborar un proyecto de ley».

En los últimos diez años, el sector privado construyó un promedio de dos millones de metros cuadrados por año (casi la mitad, inmuebles suntuarios), mientras que el Estado porteño macrista edificó menos de 10 mil viviendas, la mayoría en la Villa Olímpica.

Uno de los sectores más críticos es el de quienes viven a la vera del Riachuelo, en riesgo ambiental. A pesar de que una sentencia de la Corte obliga a relocalizarlos, el PRO sólo reubicó al 21% de las 17.771 familias alcanzadas por ese fallo. En villas y asentamientos precarios ya viven al menos 350 mil personas, aunque se estima que el número es mayor. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el 30% de sus habitantes alquila. El ingreso de al menos un cuarto de los 80 mil o 90 inmuebles ociosos de la Ciudad, «tendría un impacto inmediato», se entusiasma Baldiviezo, «sobre todo en el valor de los alquileres».

Una clave para el relevamiento es la aplicación de celular Habitapp, creada por las mismas organizaciones, que tiene el mapa de parcelamiento de la Ciudad. Es de formato abierto, cualquiera puede bajarla del Play Store y sumar inmuebles ociosos, incluyendo una foto y a qué categoría pertenece. Tomás Rodríguez, de Destapiadas.org, explica que «puede ser una vivienda tapiada, un edificio abandonado, una parcela sin construir o un local comercial vacío».

Después de San Telmo tienen pensado relevar La Boca, el barrio de mayor déficit habitacional, al punto que tiene su propia ley (la N°2240) de emergencia urbanística y ambiental. «La ley estipula que las viviendas ociosas deben ser incorporadas a la trama urbana, y no crear complejos habitacionales que generen guetos. En 2007, el PRO desarticuló el programa», dice Baldiviezo.

Otras organizaciones, como Inquilinos Agrupados, también promueven proyectos de regulación. «Hay que quebrar el modelo de ciudad inmobiliaria, donde la política de vivienda es elevar el valor del suelo, la exención impositiva a las constructoras, los bancos diseñando la política del crédito hipotecario y urbanizando para vender –asegura Gervasio Muñoz, presidente de IA–. Por eso impulsamos el impuesto a la vivienda ociosa, la construcción de viviendas públicas para alquiler y la regulación del alquiler turístico y temporario. La Legislatura debe dejar de ser la inmobiliaria al servicio del mercado». «

Las excepciones que el nuevo Código Urbanístico volverá legales

Otro relevamiento que puede verse en la aplicación de celular Habitapp es el que realizó la asamblea del barrio Villa Pueyrredón: se centró en todos los lugares donde el nuevo Código Urbanístico habilita la construcción de torres de más de nueve metros. Sucede que en toda zona donde haya una que supere ese límite especificado por el Código para toda la Capital, se podrá construir a su lado otra torre similar. La asamblea encontró que sólo en la Comuna 12 hay 500 edificios así.

«El nuevo Código viene a legalizar todas las ilegalidades que el gobierno permitió o generó en connivencia con las empresas privadas todos estos años. Lo que eran normas de excepción del negocio inmobiliario en tierras públicas, ahora se integran al Código», enfatiza Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y nombra como ejemplos la venta de Catalinas Sur II en Retiro, los terrenos ferroviarios en Colegiales y Urquiza, el Tiro Federal y el Cenard, en Núñez. La última semana la Legislatura porteña aprobó, sólo con los votos del oficialismo, el proyecto que rezonifica una superficie de 4,4 hectáreas en el corazón de la Comuna 14, en Bullrich y Cerviño, para permitir la construcción de edificios comerciales, residenciales, estacionamientos y un amplio espacio público.

Baldiviezo augura que, además de destruir las identidades barriales con construcciones sin control, «se profundizará el colapso de servicios públicos». De las 900 páginas del nuevo Código, sólo una menciona los «servicios domiciliarios», con un fragmento que venía del antiguo Código. Sostiene que antes de construir, la empresa debe pedir un «certificado de capacidad» a la concesionaria de cada servicio. «Eso se viene haciendo, pero no funcionó –agrega Baldiviezo–. Pasó con las Torres Dos Plazas en Caballito. La concesionaria dice: ‘No tengo capacidad hoy, pero a futuro haremos las obras’. Y nunca las hacen».