Salir de la clandestinidad también es urgente

Los plazos se agotan y las próximas semanas son decisivas para la presentación ante el Congreso del proyecto de legalización del aborto que prometió el Poder Ejecutivo el año pasado. Si bien el presidente Alberto Fernández ratificó su promesa de campaña durante la Asamblea Legislativa, el proyecto, redactado y guardado en el cajón de un escritorio del Ejecutivo, permanece allí sin movimientos.

A pesar de todo, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que lleva 15 años de militancia constante, no abandonó su reclamo y durante la pandemia generó nuevas estrategias. En agosto, representantes de este transversal y enorme colectivo se reunieron por primera vez en forma oficial con el Poder Ejecutivo. Desde el gobierno, aseguraron que apenas estuvieran dadas las condiciones, el proyecto se presentaba.

La pandemia detuvo miles de vidas y cambió el rumbo de proyectos personales y colectivos. Pero no frenó los abortos clandestinos. Según la colectiva Socorristas en Red, las consultas para acompañamientos aumentaron en algunos casos un 70%. Esa urgencia es espeluznante.

En junio, según publicó la Campaña por el Derecho al Aborto, en Santiago del Estero ya habían sido apresadas por abortar tres mujeres, de entre 24 y 26 años.

Desde Diputados, dicen que “faltan algunos números” y desde el Poder Ejecutivo temen al colpaso del sistema sanitario. Sin embargo, los abortos, como pasa desde hace decenas de años, suceden. Y lo hacen en un contexto hostil en el que la mujer, ante una situación de gravedad, ni siquiera puede acudir a un hospital.

Y también sucede en un momento económico adverso. Según el informe elaborado por el Observatorio Clandestinos NO!, de SenRed, que se publicó esta semana, “en 2014, una caja de Misoprostol representaba un 10% de un salario básico. En 2020 esa relación alcanza un 55%”. El informe analiza que en los casos cuyo único ingreso es un IFE, hay un impedimento material por parte de la población más vulnerable. Es decir, abortar en forma segura, aunque clandestina, no es opción para las mujeres pobres.

Los miedos que plantea el Poder Ejecutivo parecen fundados en mitos, como el colapso y el gasto del sistema sanitario. En realidad, la modalidad recomendada para abortos es con pastillas y la aplicación es en las propias casas. El aborto, según informes de la Organización Mundial de la Salud no implica gastos para la salud pública. Entonces, ¿por qué no se presentó todavía el proyecto?

Naturalizar la clandestinidad es lo peor que nos puede pasar como sociedad. En 2018, se logró sacar a las calles los testimonios y las historias detrás de cada cuerpo, y hablar del aborto como un derecho y un asunto de salud pública. El porcentaje de mujeres muertas por complicaciones vinculadas a abortos sigue siendo alto. Si este panorama no es urgente es porque estamos ante un Estado que naturalizó la clandestinidad.