Salta: Braun Peña fue multado por desmonte ilegal de un bosque nativo

El desmonte en Salta tuvo su primer tropiezo luego de una gran campaña llevada a cabo por Greenpeace que recolectó 500 mil firmas reclamándole al gobernador Juan Manuel Urtubey por la tala ilegal que llevó a cabo Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, en la finca Cuchuy.

El gobierno de Salta es uno de los principales responsables de la desforestación en la Argentina pero, en este caso, a regañadientes, tuvo que dar el brazo a torcer. Braun Peña y Pablo Clusellas –actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación– propietarios de la finca junto a otros empresarios, desmontaron 550 hectáreas de bosque nativo a sabiendas de la ilegalidad de la acción. En enero de este año, hubo dos resoluciones –una nacional y otra provincial– que declararon ilegales los desmontes sobre esas hectáreas. Sin embargo, Greenpeace demostró mediante imágenes satelitales que las topadoras no se detuvieron. Es decir, Braun Peña desmontó sin ningún permiso, envalentonado por las políticas del gobernador Urtubey.  

Por ello, el titular de Finca Cuchuy S.A. deberá abonar 2,5 millones de pesos, reforestar la zona y la provincia lo incluyó en el registro de infractores de la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta. A pesar de la orden de reforestación, el daño efectuado por la avaricia y las malas prácticas está hecho y el bosque tendrá que surgir de cero. No hay datos de cuánto tiempo podría tardar en recuperarse un bosque maduro como el que fue tirado abajo, dice a Tiempo Noemí Cruz de Greenpeace.

El caso de la finca Cuchuy resulta emblemático pues dentro de las 10 mil hectáreas que comprende hay cuatro comunidades wichi –Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral– que son agricultores y cazadores recolectores, ellos también han participado de las denuncias junto con Greenpeace. Estas comunidades continúan viviendo en la zona aunque con muchas más restricciones que antes por el deterioro que sufrió su hábitat. Cuenta Cruz que tenían la particularidad de poseer un espejo de agua natural, la laguna Cuchuy, algo no habitual ya que no hay cursos de agua permanentes en la zona, pero con todos los desmontes que acorralan a la finca, el glifosato contaminó el agua y ya no es apta para consumo, por lo que ahora dependen de la voluntad del municipio de General Ballivián que cada tanto lleva agua. Esta necesidad básica es utilizada políticamente para presionar a las comunidades a que desistan de su posición contra el desmonte, y algunos dirigentes frente a la realidad de las topadoras terminan cediendo. Por la inacción del vaciado Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no cumple con la Ley 26.160 y no otorga los títulos de las tierras, las comunidades se encuentran desprotegidas y entregadas a estas empresas y terminan abandonando territorios que ocupan de tiempo ancestral, yendo a vivir a las periferias de las ciudades cercanas.    

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Las políticas depredatorias del bosque nativo del gobernador Juan Manuel Urtubey vienen de lejos, extendió 32 permisos de desmonte sobre zonas previamente protegidas modificaron la afectación de miles de hectáreas protegidas por la ley nacional, es decir que no  podía ser explotadas, y así permitió el desmonte de 174.024 ha. –ocho veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires– a favor de grupos empresarios entre los que se encuentran Mauricio Macri, Nicolás Caputo, el diputado nacional Pablo Torello y empresarios amigos del colegio Cardenal Newman. En 2004, una campaña de Greenpeace frenó la entrega de nuevos permisos.  

La activista ecologista señala que “hay otros dos empresarios que también hicieron desmontes ilegales, Pedro Cignetti de la finca Los Pozos y Bruno Varela Marín de La Peregrina”. La provincia de Salta no está sola en el “ranking” del desmonte ilegal, Chaco, Formosa y Santiago del Estero son otras tres que pelean la punta por ver cuál desmonta más y más rápido. El argumento de que habría un progreso económico para estas provincias y sus habitantes muestra su falsedad ya que todas ellas se encuentran entre las más pobres del país.

La Ley de Bosques, sancionada en 2007, que tiene por objeto determinar qué zonas de bosque nativo son aptas para el desmonte para ser utilizadas en la agricultura, ganadería o tala y qué zonas deben ser protegidas por su invaluable valor en la conservación de la biodiversidad. Los mapas marcan con rojo aquellas zonas donde está prohibido cualquier modificación; con amarillo las áreas que tampoco pueden desmontarse, pero puede utilizarse en aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y con verde aquellas que pueden ser utilizadas para la producción, previo permiso gubernamental con audiencia pública.

Las rezonificaciones que avaló el gobernador Urtubey cambiaron zonas rojas o amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la integridad medioambiental, afectando los intereses de las comunidades originarias. Todo esto en beneficio de unos pocos terratenientes, como el primo del jefe de Gabinete, el secretario de Legal y Técnica de la Nación y al propio presidente.