La cifra de niños internados por cuadros de desnutrición y deshidratación en el norte de Salta, producto de la situación socioeconómica y climática sigue creciendo. A los 26 que fueron alojados en el hospital zonal de Tartagal durante el fin de semana se sumaron otros once, mientras que una nena de casi dos años tuvo que ser trasladada al Hospital Materno Infantil de Salta, por el agravamiento de su cuadro clínico. El total de 37 menores internados fue confirmado a Tiempo Argentino este jueves por la lidereza wichi Octorina Zamora, madre de la primera médica de ese origen indígena, que recorrió el hospital para ayudar a las familias y realizó un relevamiento de la situación.
Este medio intentó conocer sin éxito el punto de vista del gerente general del hospital, Juan Ramón López, aunque el funcionario aseguró este miércoles que había “24 niños internados de los cuales 14 están con desnutrición en salas de recuperación, dos tienen un cuadro agudo y los otros tienen otras enfermedades».
El funcionario no dio cuenta del traslado a Salta de la nena con un cuadro agudo, mientras que Zamora aseguró este jueves por la noche que la cifra total está comprendida por “27 niños internados en la sala de pediatría y otros 10 que están en la sala de recuperación nutricional” del establecimiento, detalló. La mujer es una autoridad (Niyat) del pueblo wichi de Salta, fundadora del Espacio Plurinacional Indígena Kambá y defensora de los derechos de las mujeres originarias. Luego de la recorrida que hizo por el establecimiento sanitario tomó registros fotográficos sobre la situación y los compartió con este medio para reflejar que la situación crítica no ha cesado. También hizo un llamado público a la solidaridad para conseguir donaciones “de agua mineral y pañales chicos, medianos y grandes” porque “la ayuda oficial no llega”.
Zamora viajó a Tartagal luego de la “emergencia sociosanitaria” que este lunes declaró el flamante gobernador provincial, Gustavo Sáenz, tras la muerte de los primeros cuatro menores, hijos de pobladores indígenas que habitan en el norte salteño. Se trata de la zona limítrofe con Bolivia y Salta que es delimitada por el río Pilcomayo, como frontera natural. Las fuertes lluvias de esta semana en esa región confirman otro pronóstico: que el río tendrá una fuerte crecida en las próximas semanas y cambiará la sequía que golpea a esos distritos en un lodazal de difícil acceso para el operativo que desplegó el Estado Nacional, tras la visita que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, realizó hace 20 días a pedido de Sáenz.
Desde el domingo pasado la novedad es que el estado provincial comenzó a retacear la información sobre la situación, ante el empeoramiento de una crisis socioeconómica y climática que azota a esa región desde hace décadas. También durante los doce años de la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey que entregó el poder el 10 de diciembre pasado a Sáenz.
Cifras de la crisis Urtubey ahora se trasladó a España y dijo que se quedará a vivir con su familia en la ciudad de Sevilla. De su gestión queda un rastro: la información aportada por su exministra de Asuntos Indígenas, Edith Cruz, que ocupó hasta diciembre un cargo que ya no existe en el organigrama de la adminstración de Sáenz. Según su último relevamiento en la función pública, aseguró que a fin del año pasado habían “161 niños con muy bajo peso, 267 formaban parte de esa franja pero fueron recuperados, mientras que 1.727 tienen bajo peso”.
A ese escenario, se suma el grupo de los niños “que están en riesgo social”. Se trata de “12.575 niños pertenecientes a familias con madres vulnerables o familias desocupadas». Los datos fueron «recabados por los agentes primarios de Salud entre septiembre y noviembre del año pasado», sostuvo la funcionaria antes del empeoramiento de la situación durante este verano, que se agudizó con las altas temperaturas y las dificultades estructurales de acceso al agua. Esos dos componentes potenciaron la crisis socioeconómica de la zona, por la falta de alimentos y agua potable para una población que subsiste en medio del desempleo y el impacto del desmonte de las últimas décadas. Paradójicamente, también por la actual prohibición para talar, que ahora dejó a esas familias sin ese mínimo recurso de supervivencia y a tiro de denuncias judiciales por cortar árboles.
El caso despertó la atención de los organismos internacionales con sede en el país: Naciones Unidas, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos comunicaron su preocupación por las seis muertes infantiles y «el estado nutricional y de salud que experimentan otros niños y niñas en la provincia de Salta». Se pusieron «a disposición para colaborar en la emergencia sociosanitaria declarada por la provincia de Salta» y ponderaron «el accionar del gobierno provincial y nacional ante esta grave y urgente situación», pero le pidieron «al Estado argentino a generar soluciones de mediano y largo plazo sobre este problema estructural y multidimensional que enfrenta la comunidad wichi».
Antecedentes Rivadavia, San Martín y Orán son los tres departamentos salteños que fueron incluidos en la emergencia «socioambiental». La región tiene una economía que se fragilizó luego de la privatización de YPF en 1992. En esos mismos años la zona afrontó una epidemia de cólera que hizo estragos en Santa Victoria Este, la localidad donde ahora sucedió la mayor cantidad de casos de decesos por desnutrición.
Este lunes se registró la séptima muerte en la zona. Una madre wichi de 36 años perdió la vida luego de dar a luz a su doceavo hijo en su casa. Hace dos años, durante una ola de calor que se registró entre diciembre de 2016 y enero de 2017 murieron 26 pobladores wichis. 21 de ellos tenían menos de dos años.
* Con la colaboración de Alexis Miranda, cronista de FM Noticias, Salta capital.
