Salta: remueven la cúpula de una comisaría e imputan al jefe del 911 porque no evitaron un femicidio

Poco más de veinte segundos alcanzan para imaginar el horror: “Por favor, ayuda 911 me están matando», pide Rosa del Milagro Sulca y después, como si quisiese quitarle a la policía la posibilidad de cualquier excusa, agrega el dato preciso: «Amalia Aybar 1480, apúrese por favor, Villa Mitre». El audio de la maestra asesinada de 17 puñaladas en su casa de Salta resultó clave para remover a toda la cúpula de una comisaría e imputar a los policías que ignoraron la llamada de auxilio, incluido el jefe de la línea de emergencia que se había negado a entregar la grabación.

El martes 28 de abril, alrededor de las 2.30 de la madrugada, Rosa llamó al 911 desde su casa del barrio Villa Mitre, en la periferia de la capital provincial. El pedido desesperado de ayuda se interrumpió con un grito y la intervención inmediata de otra persona. «Hola, disculpe es mi tía, ella toma pastillas», dice la voz, que se presume es de la joven de 17 años detenida junto a su novio de 19 por el homicidio.

Según los registros oficiales, el móvil 1113 llegó a las 2.51 a la casa de Rosa, pero después de golpear la puerta y no recibir respuestas, se fue reportando un “delito no constatado”. Esa misma tarde, cerca de las 18.30, otro llamado al 911, esta vez de una vecina, alertó que Rosa no contestaba mensajes ni atendía el teléfono.

Así se descubrió que la mujer de 48 años y maestra de la escuela Ejército Argentino había muerto luego de recibir al menos 17 puñaladas en lo que se cree fue un contexto de robo. Esa misma noche, los vecinos de Villa Mitre incumplieron el aislamiento obligatorio y se manifestaron espontáneamente frente a la comisaría 4° para mostrar su descontento por el accionar policial. El gobierno tomó nota y a través del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, ordenó el apartamiento de toda la cúpula “para evaluar el servicio de seguridad que se brinda en la zona y garantizar la transparencia de la investigación que lleva adelante la Oficina de Asuntos Internos desde el 29 de abril pasado”.

En tanto, los fiscales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, integrantes de una unidad creada especialmente para investigar el comportamiento de la policía en este caso, imputaron al Director del Centro de Coordinación Operativa, el comisario mayor Fabián Tolaba, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que «el imputado incumplió con los deberes de llevar adelante los actos urgentes y necesarios para asegurar los elementos de prueba que ayuden al esclarecimiento del hecho y la individualización o aprehensión de sus autores».

La unidad especial también se ocupó de los policías que habían ido hasta la casa de la víctima. Se trata de Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, imputados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

Por su parte, el fiscal penal N°3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, acusó a los jóvenes detenidos del delito de “homicidio criminis causa con alevosía”.

“Es un femicidio”

La abogada de la Fundación Cintia Fernández que brinda apoyo a víctimas y familiares, Gabriela Rodríguez, adelantó que se presentará como querellante y pedirá el cambio de caratula a femicidio por considerar que la violencia del caso “no solo vulnera los derechos de la docente sino también de gran parte de la sociedad”.

En declaraciones al portal QuepasaSalta, Fernández recordó que en 2019 la Procuración General de Salta adhirió al Protocolo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación lo que, según ella, “indica claramente que toda vez que haya una muerte violenta de una mujer, ya sea suicidio, accidente, homicidio o muerte dudosa, se debe investigar con perspectiva de género”.

Mas detenidos por amenazas

La madre de la menor de edad acusada del homicidio de la maestra y su pareja fueron detenidos por amenazar a sus vecinos, luego de la manifestación frente a la comisaría de Villa Mitre para repudiar el accionar policial. Ambos tenían condena previa, por lo que se solicitó su prisión preventiva.

La fiscal penal 4 en feria extraordinaria, María Eugenia Guzmán, imputó a Claudia Flores Muñoz, de 49 años, como autora de los delitos de violación de las medidas sanitarias en concurso real con amenazas (siete hechos), violación de domicilio (dos hechos) y daños. En tanto, a Ignacio Heredia, de 41 años, lo acusó de violación de las medidas sanitarias en concurso real con amenazas.