Salud: el gobierno favorece a las prepagas en detrimento de las obras sociales

Por: Martín Ferreyra

El vocero, Manuel Adorni, ratificó que con la reglamentación del DNU 70/2023 los trabajadores podrán elegir el destino de sus aportes con la posibilidad de derivarlos a la medicina privada. Expectativa por la respuesta sindical.

El gobierno confirmó este lunes a través de su vocero, Manuel Adorni, que reglamentará el Título XI del DNU 70/2023. Esa parte es la que afecta a las obras sociales sindicales y a las empresas de salud privadas. El objetivo de la administración de Javier Milei es poner en pie de igualdad a unas y otras de forma tal que el asalariado pueda optar por cualquiera de ellas para el cuidado de su salud.

Si bien el DNU está severamente cuestionado, hasta el momento la justicia no otorgó amparos contra la desregulación de los servicios de salud. Si hizo lugar a reclamos contra la suba de las cuotas mensuales de las prepagas.

Adorni hizo el anuncio en su habitual conferencia de prensa, en la que consideró que el cambio de modelo, que se haría oficial esta semana, “terminará con la obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso en el sindicato” que gestiona la obra social.

Esto porque en la actualidad, los empleados de las empresas están obligados a empadronarse en la obra social de su actividad por un año completo desde el momento en que comienzan la relación laboral. Según el funcionario, esa cláusula dejará de existir y la posibilidad de optar por cualquier obra social o prepaga estará presente desde el primer día de la nueva relación laboral.

El vocero dijo que la reglamentación, que afectará a unos 14 millones de personas, estará lista «en las próximas horas». El tema se venía hablando desde el último fin de semana, cuando trascendió que los trabajadores en relación de dependencia podrían hacer uso de la opción a partir de abril.

También circuló que los trabajadores tendrán derecho a cambiar una vez al año y en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral.

Por el lado de las prepagas, circuló que tendrán la obligación de aportar el 20% de las cuotas que recaudan de sus clientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cosa que según trascendidos podría ser impugnado en la justicia. Las empresas están a la expectativa de la publicación de la norma y esperan que la desregulación vaya todavía más allá. Fuentes consultadas para esta nota evaluaron los trascendidos como novedades positivas para los usuarios.

También plantearon que esperan que la nueva disposición los habilite para aumentar aranceles «en función a las subas de nuestros costos».

Al momento de la aparición del DNU 70/2023, distintos analistas indicaron que el gobierno favorecía a las prepagas en detrimento de las obras sociales ya que las desfinanciaba con vistas al desmantelamiento del sistema solidario de salud.

Esta tarde, José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT y titular del gremio de Obras Sanitarias, advirtió que el gobierno busca con esta medida que las prepagas puedan competir con las obras sociales. «Habíamos conseguido que el trabajador debía estar un año en la obra social de la actividad y ahora eso se vuelve para atrás», dijo a Radio Con Vos.

Si bien la jugada implica nuevos compromisos para las prepagas, como el aporte a FSR o la atención de los monotributistas, es probable que puedan atraer a los asalariados de mayores ingresos que buscan una atención superior y están dispuestos a pagar por ello y antes enfrentaban trabas para acceder a la salud privada con sus aportes y las contribuciones patronales.

Medicamentos

En su conferencia de prensa, Adorni defendió a la administración nacional de recientes denuncias que advierten de la falta de asignación de medicamentos a personas con distintos tipos de patologías y aseguró que el Ministerio de Capital Humano llevó a la Justicia casos de irregularidades en la compra de remedios para pacientes oncológicos «o con patologías crónicas».

El funcionario responsabilizó a la gestión del Frente de Todos por supuestos «presupuestos aprobados que no tenían firma o compras que se hacían directamente por correo electrónico sin siquiera tener alguna comparativa con otros proveedores o con otras alternativas”.

La versión oficial dice que la Dirección de Asistencia Directa por situaciones Especiales administraba un presupuesto de $ 38 mil millones. Según Adorni, «intentar hacer negocios con cuestiones que hacen a la vida de las personas es sin dudas la cara más cruel de la casta política”.

Por este tema el vocero volvió a cruzar a los medios de comunicación que visibilizaron los reclamos y aseguró que “todos los que necesiten asistencia y medicamentos los van a seguir recibiendo. Esto es un tema de administración interna que vamos a cambiar no solo para hacerlo más eficiente sino para eliminar cualquier tipo de acto de corrupción”.

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