El proyecto minero Vicuña fue promocionado como un éxito del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y como “la mayor inversión en la historia de San Juan”, pero somete a la provincia y al país a un acuerdo ruinoso por más de 70 años.
Controlado por la australiana BHP y la canadiense LundinMining, que desembolsarán unos 9700 millones de dólares para su fase inicial, el megaproyecto integra dos yacimientos de cobre, oro y plata: José María y Filo del Sol.
Ambos están situados en la cordillera sanjuanina, en el límite con Chile, y asentados sobre glaciares de escombros y el famoso glaciar GE110, que estaba inventariado y protegido por la antigua Ley de Glaciares que el Congreso Nacional modificó en abril de este año.
El 5 de agosto, el gobernador Marcelo Orrego y directivos de la corporación Vicuña firmaron un acta acuerdo, ratificada por ley dos semanas después en la Legislatura de San Juan, con 27 votos a favor y 9 en contra. El texto incluye en sus 57 páginas una serie de cláusulas que condicionan cualquier reclamo económico o por daños ambientales tanto del Estado provincial como nacional por los próximos 71 años.
Un informe elaborado por el economista y consultor sanjuanino Hugo Berozzi analizó los impactos económicos, fiscales y legales del acuerdo y denunció los enormes perjuicios que conlleva para el ambiente y el desarrollo territorial.
Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo y Magíster en Desarrollo Global por la Universidad de Copenhagen, Berozzi señaló que lo que fue presentado como una “inversión inicial de 250 millones de dólares” es en realidad un pago por adelantado y por todo concepto en caso de daño ambiental.
“En realidad, gran parte de esta suma deberá destinarse a la reconstrucción de la ruta 40 entre San Juan y Jáchal, necesaria para la logística de la mina, que tiene un costo estimado de 144 millones de dólares”, señaló Berozzi, en diálogo con Tiempo Rural.
Además, con la aceptación de esta suma, la provincia renuncia a imponer cualquier impuesto, contribución, multa o exigencia de reparación ambiental durante toda la vida útil de la mina. Y eso no es todo.
San Juan: descuento de regalías y extensión territorial
A pesar de que la Ley Nacional 27.743 (Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes) habilita a las provincias a elevar las regalías al 5% para proyectos mineros nuevos, la norma provincial las fija en un 3% para toda la vida útil del proyecto. Esta garantía se extiende no solo al área actual sino a todo yacimiento explotado o a explotar dentro de un radio de 75 km (más de la mitad del departamento sanjuanino de Iglesia). La renuncia a ese 2% adicional representa para la provincia una pérdida de recaudación calculada en USD 491,2 millones a valor presente.
Sin obligación de restaurar el ambiente ni contratar local
El acuerdo elimina la obligación de realizar obras de reparación ambiental. De este modo, la corporación Vicuña queda eximida de construir infraestructura hídrica para recuperar el agua consumida por el emprendimiento minero en favor de los pobladores de Jáchal e Iglesia.
También se elimina la obligación de realizar dos proyectos de innovación en energías renovables, dos proyectos productivos/industriales, dos de preservación ambiental y la implantación de 10.000 árboles nativos como compensación de la huella de carbono emitida durante la operación de la mina.
Tampoco se le exige la contratación de empresas y mano de obra local, en tanto la minera pueda demostrar que los proveedores locales no cumplen los requisitos o sus precios son más elevados.
De este modo, el proyecto ya levantó polémica al adjudicar la construcción de su campamento modular a un consorcio de empresas chinas que traen desde los materiales a los trabajadores desde aquel país.
Sometimiento a arbitraje internacional y costos de litigio
Tal vez lo más escandaloso del acuerdo es que la provincia renuncia a juzgar disputas en tribunales locales o nacionales por cuestiones ambientales, tributarias o de fiscalización. “Toda diferencia será resuelta de manera inapelable por un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional”, dispone el acta acuerdo.
“Esto impone costos de proceso elevados, riesgos de indemnizaciones millonarias en caso de laudos adversos”, advirtió Berozzi, y señaló que “este acuerdo entra en conflicto directo con múltiples artículos de la Constitución Provincial de San Juan (arts. 44, 58, 109, 110, 113, 150 inc. 3, 189 inc. 12 y 198), vulnerando la delegación de facultades, la protección del ambiente, la competencia tributaria indelegable, el dominio sobre los recursos minerales y la independencia del Poder Judicial”.
Represalias
Conocido el informe, las consecuencias para su autor no se hicieron esperar. Berozzi fue despedido de su empleo en el área de análisis de riesgo crediticio en el Fondo de Garantías de la provincia hace pocos días. Llevaba 6 años trabajando en el organismo. “Fue un despido sin causa formal, y en un contexto en el que se necesitan analistas de riesgo crediticio, ya que la morosidad es récord”, comentó Berozzi a Tiempo Rural.
Sin embargo, en forma oral le hicieron saber que la decisión de prescindir de sus servicios obedecía al informe sobre el acuerdo minero con Vicuña.
“Yo no estoy en contra de la minería. Me parece que es un vector de desarrollo económico y social. Creo que las empresas deben reparar los daños ambientales, contratar a proveedores y mano de obra local y promover el desarrollo de las comunidades. Y es el Estado quien debe controlarlas. Esta cesión de soberanía es indignante”, señaló.
