Sánchez celebra el fallo contra los líderes catalanes que hasta el Barcelona rechaza

A 27 días de una nueva ronda electoral -la tercera de este año-, el Tribunal Supremo de Madrid condenó a nueve líderes independentistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de prisión por el intento de crear una república separada del reino de España en octubre de 2017. 

El dictamen golpea en medio de la campaña electoral y tendrá un impacto indudable en la votación en la que el actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, espera revalidar su título y consolidar un liderazgo de centro izquierda que estuvo intentando dirigir en coalición con Unidas Podemos, pero sin éxito. Hubo dos hechos que impidieron esa alianza: uno fue la aspiración de los seguidores de Pablo Iglesias de ministerios clave en el gabinete. El otro fue la divergencia sobre qué hacer para resolver la crisis catalana.

Este fallo de la corte va en consonancia con la posición de Sánchez, que de ninguna manera aceptaba un referéndum independentista y negociar cualquier tipo de acuerdo que implicara mayores autonomías para la rica región del noreste español.

La pena más grave que estableció el tribunal se descargó sobre Oriol Junqueras, el exvicepresidente catalán, sentenciado a 13 años. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, recibió una pena de 11 años y medio de cárcel, los extitulares de las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, al igual que cinco antiguos ministros regionales, 9 años cada uno.

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“100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca», dijo desde Bélgica el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se refugió en Bruselas para no quedar detenido cuando el caso llegó a los estrados judiciales, durante la gestión del conservador Mariano Rajoy.

La declaración de independencia y creación de la república, del 27 de octubre de 2017,  fue consecuencia del referéndum del 1 de octubre, una consulta rechazada por el gobierno del PP, que reprimió duramente la votación y sometió a la región al artículo 155 de la constitución. Una suerte de intervención del estado español que terminó con la autonomía y ordenó procesar a los “insurrectos”.

Rajoy perdió el cargo en junio del año pasado luego del rechazo del parlamento a una moción de censura. Una arremetida del partido liderado por Iglesias y del PSOE que ya estaba bajo la batuta de Sánchez, ungió al socialista a la primera magistratura con el objetivo de formar un gobierno de izquierda y en contra de la fuerte dosis de neoliberalismo impuesta desde 2008 por el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y profundizada por el derechista Rajoy.

Eso en la práctica iba contra el camino seguido por el PSOE. Fracasó porque para voltear a Rajoy se necesitaron votos de bloques nacionalistas como el vasco y el catalán. En febrero pasado, esos bloques impidieron aprobar el presupuesto, que contenía las medidas más “socialistas” desde el regreso de la democracia a España.

Sánchez llamó a elecciones para el 28 de abril. Pero el nuevo congreso no le dio posibilidades de gobernar en soledad y tampoco de armar un frente de izquierda con Unidas Podemos. Se necesitaba el voto clave de las bancadas de ERC (Izquierda Republicana de Catalunya) para completar el tablero. Las primeras diferencias entre Iglesias y Sánchez se manifestaron públicamente entonces, cuando el presidente del gobierno dijo que no confiaba en un vicepresidente (como se postulaba el fundador de Podemos) que tuviera una visión diametralmente opuesta sobre el tema catalán.

Ahora, Sánchez dijo que «una vez conocida la sentencia, quiero manifestar el respeto y el acatamiento. Pone fin a un proceso judicial con garantías y transparente». Y agregó: «aplicaremos la legalidad y responderemos con prudencia, serenidad y unidad. Esperamos contar con la cooperación leal de las fuerzas comprometidas con la Constitución».

Al menos, la sentencia le despeja el camino para mantener la política de apoyo del PSOE a la intervención de Rajoy sin tomar personalmente una decisión tan comprometida.

El actual presidente de la Generalitat, Quim Torrá, no piensa lo mismo y adelantó que «el Gobierno catalán y yo mismo rechazamos esta sentencia como injusta y antidemocrática» y consideró que «la sentencia que se ha dictado es extensiva a millones de catalanes».

El malestar en la rica región, poblada por 7,5 millones de ciudadanos y la más próspera de España, se comenzó a sentir en las calles. Incluso el club Barcelona emitió un comunicado en que expresa «todo su apoyo y solidaridad a las familias de los que son privados de libertad” y «pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto.

«La resolución del conflicto que vive Cataluña pasa, exclusivamente, por el diálogo político», dice la poderosa institución deportiva en la que brilla el argentino Lionel Messi.