Sánchez sale en defensa de Rodríguez Zapatero y enfrenta pedidos de renuncia

El jefe del Ejecutivo apeló a la presunción de inocencia y expresó "todo su apoyo" al expresidente tras su imputación por el "caso Plus Ultra".

El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, apeló este miércoles a la presunción de inocencia y expresó «todo su apoyo» al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por el «caso Plus Ultra». Sin embargo, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pidió su salida para que no siga «manchando» la Presidencia del Gobierno, posición que alineó a los principales referentes de su partido.

«Es un momento muy duro, muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su Gobierno roba manos llenas. Y tiene razón. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto», prometió Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Sánchez y Feijóo se lanzaron acusaciones mutuas en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, un día después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama acordara investigar a Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’, convirtiéndose en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia en ser imputado en una causa de presunta corrupción. Además, ordenó registrar su despacho y la empresa de sus hijas entre otras mercantiles en Madrid.

En respuesta, Sánchez le dijo a Feijóo que al Gobierno «se llega con votos, no con atajos». Si quiere mirar a la corrupción, le dijo, «mírese al espejo o recuerde las fotos de su pasado, señor Feijóo. Lo que va pa’lante es el crecimiento, el empleo y los avances sociales. Lo que va pa’trás son sus acuerdos con la ultraderecha», señaló, emulando el modo de expresarse de su rival.

Feijóo ha arrancado su intervención ante el Pleno recalcando a Sánchez que el juez ha imputado a su «faro moral» por «los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal».

A renglón seguido, preguntó a Sánchez, dado que «aún es presidente», cómo ejercía Zapatero la «influencia en su gobierno» y si hoy también iba a «arremeter» en sede parlamentaria contra los jueces de la Audiencia Nacional, como «mandó» hacer a sus subordinados el día anterior.

En su turno, el presidente del Gobierno expresó «toda la colaboración con la Justicia» y «todo el respeto a la presunción de inocencia». «Y todo mi apoyo al presidente Zapatero», manifestó, cosechando un aplauso de la bancada del PP. El Grupo de Puebla, que integran líderes progresistas iberoamericanos, también respaldó al exjefe de estado español.

Es más, Sánchez defendió la gestión del expresidente, subrayando que sacó a España de una «guerra ilegal», «acabó con ETA» y «extendió» los derechos y libertades de los españoles. «El presidente Zapatero no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España», ha espetado a la bancada del Grupo Popular.

Por eso, afirmó que no va a aceptar «lecciones» de quienes «tanto tienen que tapar» y tienen «tantas vergüenzas que ocultar». Además, recordó a Feijóo que descarta un adelanto electoral: «Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España», exclamó.

¿Un caso de lawfare?

La lectura del auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente Rodríguez Zapatero como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos» hizo variar los discursos de Sumar y otros socios del Ejecutivo, que este miércoles buscaron marcar distancias alejando la idea de ‘lawfare’ -utilización de la Justicia para fines políticos- o directamente pidiendo al presidente Pedro Sánchez que afronte la situación y reaccione.

Si la víspera el portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, se afanaba en recalcar que los expresidentes pueden realizar actividades civiles y mercantiles porque no tienen incompatibilidades, un día después el también portavoz parlamentario de IU destacó que «cobrar por gestiones políticas es delito» y subrayó que ha llegado la hora de «regular bien todas las actividades» de los antiguos inquilinos de La Moncloa.

También el portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, reconocía este miércoles que la resolución judicial «no pinta ni huele bien» y que se necesitan «muchas explicaciones» sobre las actividades de Zapatero. Asimismo, la diputada de Compromís en Grupo Mixto, Agueda Micó, deslizó que ya «no está tan claro» que haya habido ‘lawfare’ contra el ex dirigente del PSOE.

BB con Europa Press

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