Sancionaron la ley que prohíbe la labor de los trapitos

Después de 11 años, el macrismo logró avanzar contra los “trapitos”. Con los votos de Martín Lousteau pero sin la Coalición Cívica, el oficialismo consiguió aprobar modificaciones al Código Contravencional que permitirán encarcelar a los cuidacoches por el solo hecho de ofrecer el servicio. Los espectáculos masivos serán un agravante para las condenas mientras que acoso callejero y ruidos molestos tendrán penas más duras.

Los “trapitos” fueron uno de los principales “enemigos” del PRO desde que Mauricio Macri pero el oficialismo nunca logró conseguir los votos necesarios para avanzar con normativas punitivas contra los cuidacoches.

Desde hace varios días se comentaba que la Coalición Cívica no acompañaría el proyecto de trapitos y así fue: los “lilitos” votaron el Código en general pero rechazaron los artículos que hacían referencia a los cuidacoches. «En las cosas que le importan el Ejecutivo, la Coalición acompaña y después hacen berrinche donde pueden”, le dijo a Tiempo un legislador opositor.

Hasta ahora era necesario probar que los “trapitos” o limpiavidrios exigían dinero para castigarlos, pero las modificaciones harán más fácil el castigo, aunque según pudo saber Tiempo la prohibición no será total.

“Este gobierno tiene el discurso de Bolsonaro pero después gobierna con el centro”, bromeó un diputado opositor en referencia a la continuidad laboral de los “trapitos”: podrán seguir trabajando si tienen autorización del Ejecutivo.

Las reformas

“Ofrecer o prestar el servicio será suficiente para accionar”, explicó Daniel Presti, del PRO. El legislador que junto a Diego Marías tuvo a cargo la redacción del Código, aseguró que se trata de una demanda de los fiscales que hasta ahora tenían dificultadas para enjuiciar a los “trapitos”.

En la norma básica “la pena es la utilidad pública”, mientras que para los agravantes, como cuando se trate de espectáculos masivos como partidos de fútbol o recitales, habrá penas de cárcel de 7 a 15 días. Y se penará la reincidencia.

“El eje troncal es la perspectiva de género”, completó Presti en referencia a los artículos que endurecen los castigos contra el acoso y el hostigamiento callejero y hostigamiento digital.

Las críticas

El kirchnerista Leandro Santoro fue de los más duros contra la reforma. “No la hacen con la pretensión de garantizar la seguridad ciudadana, lo hacen con la pretensión de encontrar una herramienta electoral frente a un fracaso económico rotundo y categórico”, aseguró.

“Este Código es oportunista porque utiliza a las mujeres para sancionar un código represivo”, se quejó Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad. “No podemos darle más herramientas represivas a este gobierno”, criticó Gabriel Solano del PO. Leandro Santoro fue uno de los encargados de defender la posición de Unidad Ciudadana. “Detrás de todo esto está la criminalización de la pobreza y de un grupo de personas que toma esto como un trabajo para sobrevivir”, afirmó.

“Algunos dicen que es una vuelta a los edictos, pero pareciera que hay una búsqueda de acercarlo al Código Penal. No avalamos las denuncias anónimas”, señaló Roy Cortina que votó en contra del Código pero a favor de los artículos que prohíben los trapitos.

La denuncia anónima fue uno de las cuestiones que causó más controversia y desde Evolución cuestionaron ese aspecto de la normativa. “Una denuncia no puede ser anónima, puede tener identidad reservada pero no anónima porque hay un funcionario que la recibe”, apuntó Leandro Halperín de Evolución.

El legislador logró que el “estado de necesidad justificante como causal de inimputabilidad” fuera agregado al Código. Se trata de una novedad para el sistema jurídico argentino que podrá aplicarse en cualquiera de las contravenciones previstas en el Código.

“El espíritu napeoleónico se apoderó de este gobierno, no les quedó código por tratar”, chicaneó Myriam Bregman antes de pedir más “prolijidad”: “ya no sabemos ni siquiera lo que discutimos”, protestó la ex diputada. Este año el Ejecutivo logró modificar, entre otros, los códigos urbanísticos, de edificación y sancionó el electoral.

Los artistas callejeros fueron otro de los temas de debate, pero el oficialismo decidió excluirlos de las sanciones siempre que se trate de espectáculos a la gorra. Sin embargo algunos de los recitales podrían encuadrarse bajo esta contravención.

Las disputas entre vecinos quedarán en el ámbito privado pero en caso de que haya ruidos molestos en la vía pública la policía podrá intervenir por más que no haya denuncia alguna. “No está bueno darle estas herramientas a la policía”, comentaron desde la oposición.