Santa Fe producirá misoprostol mediante un laboratorio público

Los santafecinos vienen picando en punta en temas de salud pública. Por ejemplo, desde el año pasado vienen trabajando en la producción de misoprostol, la droga que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la realización de abortos no quirúrgicos, seguros y ambulatorios. Aunque son muy cautos respecto de cuándo tendrá salida el medicamento, ya que si bien está en etapa de producción, deben respetarse ciertos protocolos que son los que definirán el momento indicado en que podrá repartirse en los centros de salud pública de la provincia.

Lo cierto es que a falta de un laboratorio público que produce medicamentos, la provincia de Santa Fe cuenta con dos, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) es el que está encargado de la producción de pastillas de misoprostol, que hoy está monopolizado por el Laboratorio Beta que lo vende bajo el nombre de Oxaprosta a más de 3000 pesos. Hoy día la provincia compra el medicamento y está a disposición de todos los casos encuadrados legalmente, pero se espera que pronto, además, lo produzca. El costo del medicamento sería hasta un 80% menos que el actual.

Tiempo habló sobre este tema con Oraldo Llanos, el coordinador provincial de salud sexual y reproductiva, quien se muestra orgulloso de la decisión política de producir medicamentos de alta calidad a través de una empresa pública: “Consideramos la producción pública de medicamentos un derecho”.

¿Cuáles son las políticas públicas que los llevan a producir misoprostol?

Como ministerio, siempre potenciamos la producción pública de medicamentos. Por eso contamos con dos laboratorios oficiales, el LEM, que es de la municipalidad de Rosario, y el LIF, que es el que está en proceso de producción de misoprostol. Este marco nos permitió pensar en producir este insumo que es central para garantizar este derecho de las mujeres. Es fundamental, por un lado, pensar en el proyecto de vida de la persona, pero no menos importante es la accesibilidad de los insumos. Hace años que tenemos esta intención, y el año pasado logramos alcanzar ciertos consensos y arrancamos con la producción, que está en proceso. Estamos muy entusiasmados porque nos permitirá proveer al sector público de Santa Fe.

¿Por qué tomaron la decisión?

Es central porque la gran mayoría de los abortos, los encuadrados en ILE (Interrupción Legal del Embarazo) particularmente, se resuelven de un modo muy seguro y ambulatorio por este medio. Facilita enormemente el proceso, disminuye el sufrimiento de las personas y acelera los tiempos, siempre en el marco de la ley. Ni hablar del fallo F.A.L. que obliga a las provincias a hacerse cargo de estas situaciones, si ya antes había un mandato, ese fallo lo ratifica.

Hablaste de proyecto de vida.

Sí, el proyecto de vida se enmarca no en las causales, que están definidas por el derecho, sino en que uno acompaña a la persona por toda la situación que está pasando, nosotros repetimos mucho que el Estado debe acompañar a la persona, por eso es un proyecto colectivo.

Uno de los argumentos de los que se oponen a la legalización es el costo que implica para el Estado.

En orden de prioridades, como Estado creemos que es una opción de la persona. Hay un marco normativo que lo permite. El tema de los costos del insumo no está definido, lo estamos poniendo a prueba. De mínima estaríamos ahorrando entre un 70 u 80%, pero el ahorro puede ser mucho mayor, esto lo sabremos cuando termine el proceso de producción. Si hay un ahorro en el insumo, ni hablar lo que tiene que ver con una enfermedad grave derivada o de la muerte de una persona joven, en edad reproductiva, y todo el arrastre traumático que conlleva también en el entorno, que es muy difícil de mensurar pero evidentemente si quieren medirlo en costos siempre es mejor prevenir que curar. Además, consideramos la producción pública de medicamentos un derecho.